A falta de problemas en un país con ausencia de Estado de Derecho y una incertidumbre creciente sobre el futuro de su economía, Bolivia se prepara en las próximas horas para encarar uno de los mayores conflictos con los que el régimen de Arce no quisiera tener que lidiar: el derivado del censo de población y vivienda.
Han pasado tres semanas desde que el cabildo cruceño, que reunió alrededor de un millón y medio de personas en el Cristo Redentor el 30 de septiembre, entregó un mandato al Comité Interinstitucional en favor del Censo: conseguir que el registro, que debía realizarse en 2022, se lleve a cabo en 2023. Y que el Decreto Supremo N° 4760, que programa que el censo para 2024, sea abrogado. Si esto no sucede, Santa Cruz asumiría un paro cívico departamental indefinido a partir de las cero horas del sábado 22 de octubre.
Lamentablemente, a pesar de varias iniciativas tanto de la Iglesia Católica como de los propios líderes cruceños en busca de diálogo con el régimen (porque reconocen que el paro se traduce en un sacrificio importante del conjunto de la ciudadanía, y más aún en tiempos de crisis económica), solamente se pronunció el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelando que los resultados del censo de 2024 serían conocidos dos meses antes de las elecciones generales de 2025, mientras los ministros de Arce sostienen que solamente asistirán a un diálogo “sin condicionamientos” como el del paro.
Probablemente exista la percepción de que este se trata de un diálogo entre sordos, pues nadie cede en su postura. Sin embargo, lo cierto es que, luego de haber asegurado que el censo se realizaría en 2022, sin consulta ni mayor justificación que “problemas técnicos”, Arce promulgó el DS N° 4760 para que se realice en 2024, presumiblemente para que tanto las campañas electorales como las elecciones generales de 2025, se lleven a cabo sobre la base del censo de 2012, que también estuvo a cargo de los mismos protagonistas de hoy en el Ejecutivo, y que no solo fue un rotundo fracaso, sino que además fue deliberadamente manipulado para que el Movimiento al Socialismo (MAS) pueda seguir acumulando poder.
En el entretanto, mientras los seguidores de Arce repiten el mantra de que la iniciativa del paro se trata de un nuevo intento de desestabilización, Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, todavía guarda detención domiciliaria, y distintos representantes del Ejecutivo lanzan adjetivos contra líderes y autoridades cruceñas de oposición, además de que han amenazado con recurrir a fuerzas policiales y utilizar maquinaria pesada para garantizar que las calles, avenidas y carreteras se mantengan expeditas en todo Santa Cruz.
En el mismo sentido, el MAS ha convocado un “cabildo del pueblo” para este viernes 21 en Santa Cruz, con distintas organizaciones que conforman el Pacto de Unidad (que respaldan a Luis Arce), como la Central Obrera Departamental (COD). Pero también ha habido denuncias anónimas que afirman que funcionarios públicos estarían siendo obligados incluso a viajar desde otros departamentos para demostrar que el régimen tiene fuerza y cuenta con apoyo “del pueblo”.
Por el momento son cada vez más sectores de la sociedad civil organizada tanto de Santa Cruz como en otros departamentos como Oruro, Potosí, La Paz y Cochabamba, los que se han ido sumando a la medida de presión del Comité Interinstitucional en favor del Censo en los últimos días e incluso horas.
Con todos estos elementos, el país se encuentra a la expectativa de lo que pueda suceder hasta el último minuto de este viernes 21 para ver si el paro indefinido cruceño se detiene, y de que si sucede se lleve adelante de manera pacífica.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 21 de octubre de 2022.
Bolivia, cada vez más caótica ante la deriva del modelo económico de Arce