El desafío para el futuro casi inmediato del Movimiento al Socialismo (MAS) no ha comenzado recién, pero el inicio de la crisis económica ha empezado a marcar ese camino con más claridad este año.
Por cómo van las cosas, ponerse a pensar en lo que podría suceder hasta finales de año podría no ser tan útil, pues la incertidumbre crece y en cualquier momento podría suceder cualquier problema inasumible para el régimen de Arce y el MAS. Sin embargo, la próxima prueba de aceptación de ambos vendrá cuando se sometan a las Elecciones Judiciales que, aunque todavía no han sido convocadas, están programadas para llevarse a cabo a finales de 2023, y cabe ensayar sobre cuál es el escenario base de la campaña, que ya ha empezado.
El primer elemento a destacar es que el MAS tiene divisiones internas cada vez más marcadas entre los seguidores del jefe cocalero de Morales y el ala renovadora de Arce. Más aún, estas divisiones están acompañadas de enfrentamientos cada vez más violentos y con acusaciones temerarias de corrupción y cooperación con el narcotráfico en los distintos niveles de afiliación al partido. Incluso se ha registrado un rompimiento político muy importante de manera reciente, el de Morales y García Linera.
Hace solamente unos días, Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Morales durante 13 años, ha afirmado que a pesar de que tiene un apego muy especial con él, le gustaría ver a otro Evo, uno de mirada más nacional y menos localista como la que tiene ahora, pero que afortunadamente existen otros líderes indígenas como Andrónico Rodríguez y David Choquehuanca.
La reacción del ala cocalera ha sido virulenta. En una reunión de Morales con sus seguidores, Héctor Arce, asambleísta del partido, ha calificado duramente a García Linera como “tibio, desleal y no se define” con el jefe cocalero, que se encuentra cada vez más solo.
De hecho, Luis Arce se ha dado el lujo en su visita más reciente a Nicolás Maduro en Venezuela para celebrar el aniversario del fallecimiento de Hugo Chávez, que busca la unidad del partido y que está dispuesto a apoyar al candidato en elijan las bases para las próximas elecciones generales de 2025.
De la misma manera, en una entrevista con los medios, el diputado masista del ala renovadora, Rolando Cuéllar, acusó de tráfico de influencias en la administración de las empresas del Estado, como Boliviana de Aviación, y de interferir en todas las licitaciones con empresas como CAMC, donde Gabriela Zapata, bajo la directa anuencia de Morales, Gabriela Zapata fue condenada a 10 años de prisión por enriquecimiento ilícito, aunque hoy se encuentra libre.
La frágil memoria del público y la infame postura funcional de la oposición
En este escenario, sería de suponer que la oposición se fortalece y se prepara para tomar pronto el poder. No obstante, y para mayor colmo, la oposición en su conjunto, pero más aún Carlos Mesa y su improvisada agrupación política en la Asamblea Legislativa, parecen preparar un nuevo salvavidas para el MAS y su pretensión de permanecer en el poder indefinidamente, como ha sucedido en varias oportunidades al menos desde que el ex vicepresidente asistió al derrocamiento de Sánchez de Lozada en octubre de 2003 con su pronunciamiento y renuncia precipitada.
Indudablemente, uno de los balones de oxígeno más importantes con los que Mesa ha asistido a la izquierda radical en el país, ha sido el haberse presentado a las elecciones generales de 2019 no sólo luego de prometer que no lo haría, sino sabiendo que al presentarse estaría avalando la candidatura ilegal e ilegítima del cocalero luego que el referéndum que perdió en 2016 para permanecer en el poder se lo impedía; Mesa fue el primero en presentar su candidatura, luego lo siguieron todos los demás.
Más tarde, en las elecciones de 2020, cuando se enfrentaba con Arce Catacora, Mesa no se aseguró ni exigió que el padrón electoral con el que Morales cometió fraude en 2019 sea sometido primero a una auditoría con el mayor rigor posible. Luego reconoció de manera sospechosa y apresurada la victoria de Arce en base a encuestas en boca de urna y no a resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Por si fuera poco, el presidente del TSE de las últimas elecciones, Salvador Romero, que colaboró con el retorno del narco-comunismo al poder en Bolivia, es, casualmente, ahijado de Carlos Mesa. Tal vez existe pues algún interés particular del propio Mesa en el hecho de que la ex vocal del mismo órgano electoral, Rosario Baptista, que hoy se encuentra en el exilio por el acoso y persecución política que han implicado sus denuncias, sea absolutamente ignorado. ¿Por qué Mesa no ha ordenado a sus asambleístas indagar en el asunto?
De esta manera, y salvo honrosas excepciones, Mesa, su agrupación y el conjunto de los representantes del voto opositores la Asamblea Legislativa, se preparan para avalar las Elecciones Judiciales de fin de año sin primero cuestionar elemento alguno de un proceso electoral que, con seguridad, será nuevamente amañado con el objetivo del MAS por reafirmase en el poder en su peor momento político hasta ahora, dados los distintos frentes de crisis nacional.
Es que Mesa y su agrupación política no exigen que no se realice ninguna elección en tanto el TSE permanezca bajo control de Arce y el MAS, como se sabe que sucede al menos a partir del caso de Baptista. Mesa tampoco ha vuelto a hablar de los perseguidos políticos –Áñez, Pumari, Camacho, entre los más emblemáticos- y la violación sistemática de Derechos Humanos ni de trabajar en su causa, sino que los ignora y se limita a plantear una Ley de Garantías para que las Judiciales de fin de año sean anuladas si los votos blancos y nulos son mayoría, detalle de forma y no de fondo que para el partido azul no sería problema en absoluto.
En realidad, lo interesante sería pues que Mesa y su improvisada agrupación en la ALP trabajara en un programa con objetivos claros para poner en evidencia de manera sistemática la enorme maquinaria de estafa electoral, judicial y económica con la que Morales, Arce y el MAS han sometido al país durante ya 17 años, pero sus asambleístas se dedican a jugar al Pokémon Go o ver pornografía en pleno Hemiciclo Parlamentario. Incluso han llegado al punto de humillarse pidiendo disculpas a la población por su ineptitud.
Sucede, pues, que bajo estructura del Estado Plurinacional que el MAS ha montado con ayuda de varios otros como Mesa al menos desde la Asamblea Constituyente de 2006, en Bolivia no existe Estado de Derecho. Por eso, convocar a un referéndum para reformar el Sistema Judicial, como también plantea alguien como Juan del Granado, primer aliado del MAS para aprobar forzosamente la Constitución Plurinacional, constituye un engaño más -¡un ordinario espectáculo!- como los tantos a los que han sometido a la población durante tantos años. Lo único que va a permitir iniciar el camino hacia la recuperación del Estado de Derecho en Bolivia es enterrar el Estado Plurinacional y la Constitución Política del Estado vigente y la liberalización de la economía.
Para mayor colmo, estos opositores funcionales ya comienzan a invocar nuevamente la espuria unidad política opositora para encarar las elecciones de 2025.
¿Quién necesita protegerse de Arce, Morales y el MAS cuando tiene opositores de este calibre?
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 15 de marzo de 2023.