QuickTake: El IPC que no se toca ni cuestiona

Esta semana se ha celebrado la caída del IPC oficial (4,9% interanual en julio) como si fuera la prueba definitiva de estabilización y recuperación. Es extraño. Es un dato real y técnicamente usable, pero cuando al mismo tiempo persisten las filas por diésel, las quejas de productores y transportistas, y una inflación de alimentos que en tramos anteriores fue claramente más alta que el índice general, el énfasis unilateral en el número oficial suena a éxito estadístico más que a alivio concreto.

Sucede que, siendo que ya han pasado nueve largos meses desde que Rodrigo Paz asumió el gobierno, no ha habido ni una sola mención a revisar la metodología del Índice de Precios al Consumidor de la era del MAS. Ni una comisión, ni un anuncio de nueva encuesta de gastos, ni siquiera la intención declarada de actualizar ponderaciones que llevan años siendo cuestionadas.

Insisto, se trata del mismo IPC del MAS. La misma canasta. La misma estructura que, como ya advertía Fundación Milenio en su informe de noviembre de 2025 (página 26), en un momento más que pertinente: “seguramente no refleja en toda su magnitud el incremento de precios”. Especialmente el de los alimentos. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas pesa cerca del 27,4% del índice general, pero los hogares de menores ingresos destinan a menudo entre 40% y 60% de su presupuesto a comida. La diferencia no es menor, pues genera una brecha estructural entre “inflación oficial” e “inflación percibida”.

Por su lado, Fundación Jubileo lo ha cuantificado. Dice que, al ajustar los umbrales de pobreza por el impacto real de los precios, la pobreza por ingresos sube del entorno del 37-38% oficial hacia el 44-47%.

Es que, una cosa es haber obviado, en el afán de comenzar a gobernar bajo la presión de una crisis muy severa, la necesidad de revisar absolutamente todo lo heredado del MAS en el INE, empezando, por ejemplo, por el último censo de población y vivienda. Pero otra muy distinta es hacer la vista gorda sabiendo que el indicador les conviene no tocarlo de la misma forma que al MAS. Y eso ya no es omisión, sino complicidad con un problema que saben que está ahí.

Para nadie tendría que ser sorpresa que ni el gobierno de Rodrigo Paz ni ningún otro sea neutral con sus propios indicadores. Presentar la desaceleración del IPC como avance, por mínimo que fuere, es una práctica política muy habitual y extendida. Sin embargo, el problema surge cuando el silencio sobre las limitaciones evidentes del indicador y la minimización de los problemas persistentes (combustible, distribución, impacto diferencial en los más pobres) convierten el dato en instrumento de legitimación. La continuidad de la metodología heredada, sin siquiera plantear una actualización transparente, no solo no construye credibilidad, sino que incluso se la resta.

En otras palabras, si el gobierno de Paz se limita a celebrar la caída del IPC sin reconocer abiertamente las limitaciones del indicador que no pocos señalan, ni priorizar con igual intensidad la normalización del combustible y el alivio tangible en la canasta básica, da la impresión de estar usando el número de forma circunstancial y política. Eso no invalida el dato en sí, pero sí debilita su credibilidad como señal de que “la crisis ya quedó atrás” para la gran mayoría de la ciudadanía.

En todo caso, la prueba de fuego no será el IPC de un mes, sino si en los próximos trimestres se normaliza el abastecimiento de diésel que prometieron “desde el primer día”, si se reduce la brecha entre inflación oficial e inflación percibida, y se avanza en una actualización más representativa y sibre todo abierta y transparente de la canasta básica. Mientras eso no ocurra con claridad, la crítica de instrumentalización seguirá teniendo peso.

Bajo IPC y alta inflación en Bolivia
Cuestionando el PIB y el IPC