La auditoría pendiente de las reservas del Banco Central de Bolivia

En un artículo anterior mostré por qué la explicación típica de manual de que el Banco Central de Bolivia “quemó” las reservas internacionales defendiendo un tipo de cambio fijo poco competitivo es cómoda, incompleta y, en el fondo, falsa. La caída no fue el resultado de una heroica defensa del boliviano frente a una fuga espontánea de capitales. Fue, en gran medida, la consecuencia de haber convertido al BCB en prestamista de primera instancia del gasto público y de la inversión estatal. Las reservas —compuestas en buena parte por el encaje legal sobre los depósitos en dólares de la ciudadanía— se destinaron a financiar el déficit, las empresas públicas y, más tarde, incluso obligaciones de deuda externa. Es por esto que ahora hay que apuntar una tarea pendiente del ente emisor.

Lo que los datos, las declaraciones oficiales y la normativa excepcional revelan no es poco, y para que no quede margen a la duda, conviene poner sobre la mesa el patrón completo, año por año, gobierno por gobierno, presidente del BCB por presidente del BCB.

Principales usos documentados de las reservas para financiar el gasto público

Período	Operación / mecanismo	Magnitud aproximada	Gobierno / BCB
2009–2010	Créditos del BCB a empresas públicas. La Ley Financial 062 amplió el uso de reservas para financiar empresas estratégicas.	Hasta 1/3 de las RIN (excluido oro)	Evo Morales · Marcelo Zabalaga
2011	Créditos del BCB a YPFB, ENDE y COMIBOL, financiados con reservas internacionales.	US$ 1.500 millones anunciados	Evo Morales · Marcelo Zabalaga
2009–2015	Financiamiento acumulado a empresas públicas nacionales (YPFB, ENDE, ENTEL, COMIBOL, etc.).	≈ US$ 2.959 millones desembolsados	Evo Morales · Marcelo Zabalaga
2013	FINPRO y créditos canalizados mediante el BDP con recursos del BCB.	≈ US$ 1.200 millones	Evo Morales · Marcelo Zabalaga
2017–2019	Continuación del crédito a empresas públicas y creciente apoyo al sector público.	Deuda creciente con el BCB	Evo Morales / Áñez · Pablo Ramos
2020–2025	Financiamiento del déficit fiscal y empresas públicas mediante crédito del BCB.	Máximos históricos de crédito neto al SPNF	Luis Arce · Roger Rojas
2026	Uso de reservas para atender el servicio de los eurobonos.	US$ 388 millones de servicio; ≈ US$ 130 millones a acreedores privados	Rodrigo Paz · David Espinoza / José Gabriel Espinoza

Nota: las cifras son aproximadas y corresponden a montos anunciados, autorizados o desembolsados según el período; no son necesariamente comparables entre sí.

La evidencia más explícita corresponde a Marcelo Zabalaga. Defendió públicamente el uso de las RIN para financiar proyectos estatales argumentando que el nivel de reservas era suficiente para absorber esas operaciones. En 2011 anunció créditos por $1.500 millones a YPFB, ENDE y COMIBOL “con recursos de las reservas internacionales netas” y señaló que su crecimiento se vería limitado precisamente por los proyectos de inversión del Estado. Meses antes había ratificado que hasta el 54% de las RIN podían destinarse a ese fin. En 2013, al referirse a la reducción de reservas por FINPRO y los créditos al BDP, fue todavía más directo: “Con esta reducción de las RIN no va a haber ningún impacto en la economía nacional, seguimos muy fortalecidos… estamos con más del doble de lo mínimo razonable.”

Bajo Pablo Ramos la práctica se normalizó. Guillermo Aponte, en enero de 2020, documentó y denunció que 14 leyes del MAS habían neutralizado o exceptuado la prohibición del artículo 22 de la Ley 1670. Citó expresamente FINPRO ($1.200 millones provenientes de un crédito del BCB con recursos de las RIN) y el crédito extraordinario de $1.000 millones a YPFB autorizado en el PGE 2009. Bajo Roger Rojas Ulo el crédito neto del BCB al Sector Público No Financiero alcanzó máximos históricos mientras las reservas relativas se deterioraban. Y en 2026, ya bajo el gobierno de Rodrigo Paz, el ministro José Gabriel Espinoza anunció de manera explícita el uso de reservas del BCB para cubrir una porción significativa de una cuita del servicio de los bonos soberanos 2028, concretamente en marzo. La práctica, por tanto, no se interrumpió con el cambio de administración. Solo cambió de justificación.

En este punto resulta inevitable plantear algo más que un simple reclamo de transparencia. Una auditoría completa de las reservas internacionales —de su composición real, de la calidad de los créditos otorgados a empresas públicas y al Tesoro, de los fideicomisos, de las reprogramaciones y de los activos que hoy respaldan el balance del banco central— es el mínimo indispensable para saber cuánto queda realmente disponible y cuánto se ha convertido, de hecho, en crédito irrecuperable o de muy dudosa recuperación. Pero la pregunta que importa no es solo si esa auditoría se hace. Es por qué el nuevo directorio del Banco Central, con David Espinoza a la cabeza, no la ha encargado todavía.

Si el diagnóstico oficial es que se heredó un desorden fiscal y monetario de proporciones, la primera medida de un directorio que realmente quisiera recomponer la credibilidad del ente emisor debería ser ordenar esa auditoría y hacer públicos sus resultados. Que no se haya hecho —o que ni siquiera se haya anunciado con claridad— dice más sobre la continuidad institucional del problema que cualquier discurso de ruptura.

La matriz deja de ser una simple acumulación de datos y pasa a funcionar como evidencia visual de una tesis sobre el período, el mecanismo, la magnitud y, sobre todo, los responsables. No se trata de un accidente de un solo gobierno. Se trata de una línea de continuidad institucional que todavía tiene al Banco Central como herramienta de financiamiento fiscal y de “proyectos estratégicos”. Cuando las autoridades hablaban de “abundancia de reservas”, no estaban describiendo un activo libre y disponible para defender la convertibilidad. Estaban describiendo un stock que podían, y de hecho usaron, para sostener gasto y empresas que no generaban las divisas necesarias para reponerlo.

Una parte sustancial de esas reservas se nutre del encaje legal sobre los depósitos en moneda extranjera del sistema financiero. Cuando el BCB echa mano de ellas, no está tocando un activo abstracto del Estado. Está tocando, en última instancia, recursos que provienen de los depósitos en dólares de la gente. La ciudadanía depositó bajo la promesa implícita de que podría recuperarlos. El sistema los transformó, vía encaje, en reservas. Y esas reservas se usaron para sostener un tamaño del Estado y un volumen de inversión pública que no se autofinanciaban en divisas.

Por eso, cuando la liquidez externa se agotó con la caída de los precios del gas, las reservas no simplemente dejaron de acumularse. Cayeron. Y se llegó al corralito de depósitos en dólares. No fue el tipo de cambio fijo el que “quemó” las reservas. Fue el uso deliberado y reiterado del balance del banco central como prestamista de primera instancia.

El relato convencional prefiere omitir esta matriz. Prefiere repetir la explicación de libro de texto de segundo año porque es más cómoda: permite seguir discutiendo el régimen cambiario como si fuera la variable independiente, mientras se deja intacto el problema de fondo. Pero los datos, las leyes excepcionales y las propias declaraciones de los presidentes del BCB muestran otra cosa.

Mientras el crédito neto al sector público se mantenga en niveles históricamente altos, mientras se siga refinanciando y reprogramando deuda interna con el BCB, y mientras se anuncie el uso de reservas para honrar compromisos externos sin corregir el desequilibrio fiscal y monetario, el régimen cambiario —fijo, flexible o cualquier híbrido— será apenas un detalle de segundo orden. El boliviano seguirá siendo un pasivo del emisor cuya credibilidad depende de la solidez de su balance. Y ese balance, hoy, sigue mostrando la misma desproporción entre pasivos monetarios y activos externos reales.

Entonces, nuevamente, la devaluación no podía ser el punto de partida, sino tal vez el punto de llegada luego de recuperar las reservas. Tampoco lo es el anuncio de que “ahora sí usaremos las reservas de manera responsable”. El ajuste empieza por dejar de financiar el déficit y las empresas públicas con el balance del banco central. Y empieza, también, por una auditoría que, curiosamente, el nuevo directorio todavía no ha ordenado. Todo lo demás es seguir discutiendo síntomas, no las causas de un problema cada vez más severo.