Francia ardiendo es la antesala de una Europa que ya no puede pagar

Anoche, en Limoges, se vino abajo el techo del ayuntamiento y después cayó la torre. Había gente dentro, entre ellos concejales, policías municipales y empleados. Nadie resultó herido, pero el prefecto dio el edificio por largamente perdido. Es un ayuntamiento de casi siglo y medio, monumento histórico, y es el sitio al que un vecino va a empadronarse, a casarse o a pedir la licencia para abrir su tienda. No es un símbolo abstracto del poder. Es la ventanilla de la vida cotidiana.

En Marsella, encapuchados reventaron la puerta del consistorio y entraron al vestíbulo. En Grenoble saquearon un banco y decenas de comercios mientras ardían coches. En París la prefectura contó 855 detenidos, una cifra récord. En todo el país los arrestos pasan de 2.000.

Todo empezó con estudiantes de instituto pidiendo una educación pública mejor y con gente harta de lo que cuesta llenar el depósito. Pero aun concediendo que la demanda fuera genuina, lo decisivo es otra cosa: se sabía que iba a ser violenta y que iba a ser instrumentalizada. Una convocatoria masiva nacida en redes, con antiguos chalecos amarillos, sindicatos, partidos y colectivos radicales, solo podía terminar así. La propia prefectura de París vetó recorridos antes de que empezara. Quien anticipa el desorden y no lo evita no fue sorprendido, en realidad fue incapaz. Ese fue el Estado a la cabeza de Emmanuel Macron.

La demanda fue secuestrada por tres fuerzas que conocemos de sobra:

1. Grupos que viven de la confrontación y llegan preparados para ella.
2. Jóvenes de barrios donde la integración lleva décadas fallando.
3. Una izquierda radical con un incentivo político clarísimo en que la calle arda, y vasta experiencia para ello.

Como no podía ser de otra manera, esto es un conflicto asimétrico de manual. Un actor sin estructura ataca donde el Estado es más caro y más lento: el símbolo, el comercio, la calle. Al atacante le basta una lata de gasolina. Al Estado, para cubrir cada ciudad cada noche, le cuesta una fuerza de seguridad entera. Ese desequilibrio de costos lo pierde casi siempre un aparato centralizado.

La factura de 2008

Nada de esto cae del cielo. En 2015 publiqué La década perdida de Occidente: un manifiesto contra la Gran Recesión. La tesis era simple, que Occidente en su conjunto respondió a 2008 postergando los ajustes y las reformas que la crisis exigía y, a cambio, agravándolos con más gasto, más déficit y más deuda. Esa factura no desapareció, sino que se fue acumulando hasta hacerse políticamente inasumbile.

Entonces los síntomas aparecían en la periferia, en Grecia, Portugal, España, Italia e Irlanda. Hoy aparecen en el corazón de la Eurozona. La deuda pública francesa alcanzó el 119% del PIB a mediados de 2026 según el INSEE, cuando en 1978 era el 21,6%. El déficit fue del 5,1% en 2025 y se espera del 5,4% en 2026, con Francia bajo procedimiento de déficit excesivo. El gasto público pasó de cerca del 35% del PIB en los años sesenta a más del 57% hoy. Y no fue solo el Covid, pues la deuda ya rozaba el 98% del PIB en 2019.

A quien diga que lo de hoy es fruto de la austeridad posterior a la Gran Recesión, los números lo desmienten. El ajuste estructural francés de 2010-2013 fue de entre 2 y 4 puntos del PIB según el FMI y el propio programa de estabilidad, cargado sobre todo en impuestos, y aun así se quedó corto de la meta. La OCDE advertía ya en 2011 que el plan oficial cubría apenas dos tercios del esfuerzo necesario solo para devolver la deuda al 60%. Lo que hacía falta eran ajustes de dos dígitos, como los que Milei puso en marcha en Argentina, donde el gasto público consolidado cayó más de 10 puntos del PIB en poco más de dos años. Una austeridad de tres puntos, a medias y mal repartida, no explica una deuda del 119%. Lo explica no haber hecho el ajuste. Y un Estado que gasta más de la mitad de lo que produce y aun así entrega escuelas y servicios en deterioro no tiene un problema de presupuesto, tiene un problema de incentivos. Décadas de asistencialismo y de victimismo convertido en identidad política fabricaron agravio con dinero público, y el fabricante no puede ahora cobrar el costo de apagarlo.

Más allá de Francia

Ceuta es el mismo patrón en versión fronteriza. El 30 de julio entraron decenas de miles de personas desde Marruecos, y el CNI lo había advertido por escrito semanas antes: 180.000 usuarios movilizados en redes y un volumen potencialmente superior al de 2021 aunque solo lo intentara una décima parte. La alerta existió. La defensa no. Dos meses y medio después, las barriadas siguen al límite.

Argentina y Colombia muestran la otra cara de la antesala. Allí no arde un Estado populista, sino que se mueve la calle contra gobiernos que intentan recortar o reformar: universidades contra Milei, sindicatos contra De la Espriella. Pero, a diferencia de lo que aparentemente sucede en plena Europa Occidental, esos gobiernos tienen muy claro cómo y por dónde vienen las maniobras. Es la primera prueba de lo que viene. Europa ha entrado en otra fase, con los vientos políticos girando a la derecha en medio continente, y cada ajuste que se pospuso desde 2008 llega ahora con intereses y se encontrará con una respuesta social organizada.

Más inversión en inteligencia de riesgo

En el FRACTAL Index no cubrimos Francia, Italia ni España, todavía. Pero lo de anoche es exactamente el fenómeno que medimos en Colombia, Argentina, Perú y Bolivia: erosión de la legitimidad del Estado, vacíos de control de la violencia, movilizaciones instrumentalizadas, zonas grises. Lo que Francia muestra hoy es la fase final de un proceso que se podía seguir semana a semana.

Ya lo planteé en julio, cuando afirmé que el sector privado de América Latina gasta cada vez más en seguridad, vigilancia y seguros, y falta mucho más, sobre todo en capacidad de anticipación. Bolivia lo demostró con 54 días de cerco a La Paz con empresas y ciudadanos pedían un Estado de Excepción mientras el Gobierno optaba por el desgaste, y todo se disolvió por agotamiento, con pérdidas enormes y cadenas de suministro interrumpidas, e incluso fallecidos en los bloqueos por falta del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y defensa como manda la Constitución. La anticipación no evita lo inevitable, pero permite prepararse y mitigar daños.

Por eso la respuesta debe ser privada. El Estado no solo no previno, sino que cultivó el terreno, y su monopolio de la fuerza no puede ser también el único proveedor de seguridad. Los actores privados tienen lo que al Estado le falta: precios que informan, responsabilidad por el resultado y capacidad de adaptación. Las aseguradoras ya cotizan el riesgo político mejor que cualquier ministerio. La inteligencia de riesgo ve la amenaza antes porque paga por equivocarse. Las empresas y comunidades que arman su propia resiliencia no esperan al decreto.

La moraleja para cualquier país de la región es que el conflicto asimétrico no se previene con más Estado, sino con menos agravio fabricado, ajustes hechos a tiempo y más capacidad privada de anticipación. En Colombia, Argentina, Perú y Bolivia todavía hay tiempo de invertir en esa capacidad antes de que llegue la propia noche de Limoges. El que lo entienda primero será el alumno aventajado.

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