¿Qué son los monopolios?
A pesar de que se ha escrito mucho al respecto, la definición de un monopolio nunca ha sido muy clara, o bien su interpretación siempre ha sido mal comprendida. El mito más conocido sobre los monopolios es que son formados por el libre mercado y que quienes los detentan, que serían unos pocos, tendrían la capacidad de hacer todo lo que quisieran, como dictar precios a su antojo y elevarlos tanto como sea posible. Esto no ha sucedido nunca sin intervención gubernamental; en una situación de libre mercado cada individuo ofrece cosas que nadie más podría ofrecer, por tanto, cada individuo se constituiría en un monopolio en sí mismo, lo cual carece de sentido.
El problema con los monopolios sucede cuando son del tipo coercitivo, ya sea donde el Estado interviene de manera directa y exclusiva mediante ley en la provisión de bienes y servicios, o donde un grupo empresarial privado en específico es privilegiado mediante subsidios o franquicias para tener el control absoluto de una línea de producción, buscando bloquear el ingreso y participación de nuevas empresas y competidores más eficientes.
¿En qué se basa una ley antimonopolio?
Una ley antimonopolio puede tener solamente dos caras: que el Estado intervenga con un vago argumento, un prejuicio sobre la naturaleza de un monopolio que no es tal para intervenir e incluso llegar a expropiar la actividad empresarial; o (lo más probable) que el Estado, en una relación indiscutiblemente corrupta, privilegie con la complicidad de los sindicatos a algún grupo empresarial para no competir y así trasladar el costo de sus operaciones al contribuyente.
Si por ejemplo se diera el caso en que dos grandes empresas deciden fusionarse, no hay manera de impedir la participación de cualquier otra empresa en ese sector. Lo que hacen estas empresas es responder al incentivo para producir mayores y mejores servicios, a precios menores y de manera más eficiente que los de su competencia. Impedir que esto suceda es que con el argumento de que se trata de un monopolio, el gobierno intervenga y convierta la firma en una empresa estatal estratégica, un monopolio coercitivo.
¿En qué beneficia a la economía ecuatoriana una ley antimonopolio?
Una ley antimonopolio no beneficia ni a la economía ecuatoriana ni a ninguna otra. Lo que verdaderamente beneficiaría a cualquier economía es el libre comercio, si lo que acaso se quiere es la mejor provisión de bienes y servicios. Si los gobiernos buscaran eliminar los monopolios domésticos sin destinar un solo centavo con cargo al contribuyente, no habría legislación alguna ni la consiguiente burocracia para controlar su cumplimiento.
Ahora bien, en el caso de Ecuador la llamada Ley Regulatoria y de Control del Poder de Mercado está compuesta por una serie de ambigüedades, como en el Artículo Nº 9 sobre lo que sería el “abuso de poder de mercado”; los Nº 24 y Nº 25 que hablan sobre los medios de comunicación y del sistema financiero; o el Nº 66, considerado por la Federación Nacional de Cámaras de Industrias como uno de los más polémicos por la falta de claridad sobre lo que sería un sector estratégico, y sobre sanciones y procedimientos preventivos.
¿Cuál es el sistema económico de Ecuador actualmente?
Es uno que se asemeja mucho más a un país como Bolivia que a uno como Chile o México. Se trata de un esquema que no considera los principios más elementales de una democracia republicana, con una política económica subordinada a las necesidades electorales y circunstanciales del gobierno, con tácticas de corto plazo, ambiguas y contradictorias en muchos casos, que redistribuye riqueza ajena, que se ha venido sosteniendo de manera muy precaria desde 2003 en la cotización internacional de las materias primas que exporta y cuyas rentas las concentra en su poder cual monopolio coercitivo.
¿Cómo sería la economía luego de aplicar la ley?
Entiendo que el objetivo de la ley es que el gobierno continúe concentrando poder, pero difícilmente podría conseguirlo, al menos no de manera inmediata porque las empresas -al igual que en Bolivia- no son significativamente grandes como para tener el dominio de uno u otro sector. Lo que sí puede hacer es restringir y condicionar el libre desenvolvimiento de los grupos empresariales que no estuvieran alineados al gobierno de Rafael Correa, suficiente con que cualquier empresa sea susceptible de “abuso de poder de mercado” para que el mismo presidente vaya a ser juez y parte al determinar si una u otra una empresa es estratégica, y al decidir sobre el tipo de sanción que recibiría, pudiendo llegar a la expropiación.
Desde luego, todo esto viene a afectar la atracción de capitales del exterior que cualquier país necesita para generar riqueza, pues si no ataca la propiedad privada de la manera más desfachatada, pone su defensa en manos de jueces que también se encuentran alineados al partido de gobierno.
¿Cuál es la relevancia y los efectos de la ley antimonopolio?
La relevancia y efectos de la ley antimonopolio han sido evidentes desde mucho antes de su aprobación, y uno de los casos más emblemáticos es el juicio (que también alcanzaría a los directores) y persecución política contra el ex editorialista del diario El Universo, Emilio Palacio, quien habría injuriado a Correa en un artículo.
En este sentido, si por ejemplo el gobierno es propietario de todas las emisoras, determinaría lo que debe ser transmitido de acuerdo a su conveniencia, entonces toda posibilidad de emitir cualquier tipo de argumento que no estuviese de acuerdo con la política gubernamental, es prácticamente nula y la libertad de prensa desparece. Esta es la mejor manera en que uno puede entender cómo es que la libertad de expresión no puede ser restringida y, al mismo tiempo, cómo es que van a formarse los monopolios coercitivos y la causa del Estado o los gobiernos detrás de ellos.
¿Cómo es el caso de Bolivia y los monopolios?
En Bolivia hay varios monopolios, entre los que primero se destaca el de la emisión de dinero por parte del Banco Central de Bolivia, como en cualquier otro país que cuente con un banco central. Este es el monopolio que terminó siendo responsable por la hiperinflación de la primera mitad de los años 80 y sobre el que no presenta garantía alguna para que no vuelva a repetirse un capítulo comparable, no necesariamente de hiperinflación, pero sí de una inflación muy elevada.
Menciono el monopolio de la emisión de dinero antes que el de la provisión de energía eléctrica o de hidrocarburos, porque en el largo plazo termina siendo mucho más relevante. Ecuador tiene una economía dolarizada hace más de diez años y su banco central no tiene la capacidad de emitir dólares, lo que le ha permitido tener estabilidad económica a través de 2 ó 3 crisis internacionales y desde que la misma entidad no tiene control sobre la moneda oficial. Comparar el caso ecuatoriano con el de Bolivia en ese sentido no es ocioso, en absoluto.
Entrevista con Revista Lex.