Los episodios trágicos a consecuencia de la inseguridad ciudadana son cada vez más frecuentes en el país, contando cada vez más víctimas y afectando incluso a quienes jamás se imaginaron siquiera que podía tocarles.
No faltan quienes apuntan las causas de estas desdichas a la ineficiente provisión privada de seguridad, la ineptitud de la policía, las deficiencias educativas del país, o incluso –un idiota– al comportamiento de las mismas víctimas. Sin embargo, es importante plantear la discusión en la dimensión que podría ser la más correcta: la falta de respeto por los derechos de propiedad privada, en este caso de las víctimas sobre su propio cuerpo, y el derecho a portar armas no para tomar justicia por mano propia, sino en legítima defensa propia. Sí, porque hasta que llegue la policía, pública o privada, una persona ya fue asesinada.
Cuando los Padres Fundadores dieron vida a Estados Unidos, advirtieron la posibilidad de que los vínculos de la sociedad en su país no fueran contractuales de cooperación, sino hegemónicos como los de aquella tiranía contra la que lucharon por su independencia, si acaso el precio de la libertad no fuera su eterna vigilancia. Fue así que en 1791 se aprobaron enmiendas a la Constitución, entre ellas la Primera, referida a la defensa de la libertad de expresión (que incluye vestirse y comportarse libremente), y la Segunda, referente al derecho del pueblo a poseer y portar armas. No es necesario abundar en el hecho de que en aquel país jamás se haya registrado una dictadura, cuando por el contrario una de las características del régimen nazi fue el desarme de la población civil antes de su sometimiento.
Probablemente sea desde Lincoln que Estados Unidos viene degenerando hacia un Estado cada vez más tiránico, pasando por Hoover, Roosevelt, y más recientemente con Bush y Obama, pero sobre todo cuando éste último ha sido quien con mayor insistencia busca el desarme de la población civil desde la misma ineficiencia del Estado en la provisión de seguridad y defensa; Irak y Ferguson como pequeños botones de muestra.
En cambio, cuando Bolivia nació en 1825 los ciudadanos le concedieron de manera implícita el monopolio de su seguridad y defensa al Estado, por lo que la tiranía potencial de los gobiernos no sólo ha sido una constante, sino una larga tradición práctica que ha ido a manifestarse sobre todo en los largos ciclos dictatoriales de izquierdas y derechas durante la segunda mitad del Siglo XX, sintomáticamente cuando en América Latina estuvo de moda el concebir la economía como una ingeniería social de vínculos hegemónicos y mandatos coactivos que sobre la ciudadanía implican las ideas marxisto-keynesianas de Raúl Prebisch y la CEPAL.
Cuando en 1985 Bolivia se hizo relativamente más libre, aunque no por convicción, sino por la fuerza de las circunstancias que terminaron redundando, como siempre, en aspectos económicos, al país no se le ocurrió plantear un debate profundo y permanente que siquiera revise la posibilidad de evitar casi de manera definitiva que un episodio dictatorial se repitiera en el país con una Segunda Enmienda, probablemente por presuponer que el problema era uno de ausencia de democracia, cuando en realidad es sobre ausencia de libertad.
Hoy en día las declaraciones (por más que se resista a reconocerlas como un error) de un candidato del partido de gobierno a primer Senador por Cochabamba, así como el motivo por el que habría reemplazado al anterior candidato, ilustran la errada dirección que el país ha ido tomado hacia una sociedad basada en vínculos hegemónicos violentos cada vez más consolidada, como la de una Venezuela hiperinflacionaria y que se ve literalmente forzada a atacarse por un litro de leche.
No es casualidad que Santa Cruz no sólo haya sido, a pesar de sus dramáticas equivocaciones, el baluarte de la defensa de los derechos de propiedad privada en los últimos 10 años, a la vez que el departamento que sin duda atrae el mayor capital de inversión nacional y extranjera en el país, sino además el escenario de manifestaciones espontaneas y pacíficas de la población civil, y sin que sea necesariamente el lugar que mayor número víctimas de la inseguridad ciudadana reporte.
Así, Santa Cruz podría realmente tener una genuina vocación liberal, pero sólo podrá orientarse en el camino de una Segunda Enmienda en la medida que sea capaz de instituir espacios de permanente debate en su debida dimensión, y aún más en etapas electorales como momento aún más propicio, sin que esto –dicho sea de paso- necesariamente implique esperar que la iniciativa provenga del propio Estado o sus representantes políticos más importantes.
Addendum:
solbentarce, la opulencia..