Bolivia tampoco es Ecuador, todavía - Mauricio Ríos García

Esta vez no vamos a discutir si es conveniente devaluar o no, porque aparte de que son cada vez más quienes por fin reconocen que solamente sirve para solventar el gasto a mano armada del régimen, y no para mejorar competitividad alguna, eventualmente la devaluación será simplemente inevitable por la fuerza de las circunstancias, aunque, eso sí, cuanto más tarden en hacerlo más grande tendrá que ser, o mientras más rápido devalúen las consecuencias de dicha operativa serán comparativamente menos peores. Así lo acaba de demostrar Ecuador

He leído y escuchado más de una nota de análisis antojadiza sosteniendo que el problema de Ecuador al incrementar el precio de los combustibles (o recortar las subvenciones) en un 80%, fue porque al tener una economía dolarizada Lenín Moreno no pudo devaluar un hipotético sucre para solventar el desbocado déficit del 6.7% heredado del correísmo. Pues, ¿cuánto hubiera tenido que devaluar el sucre Lenín Moreno solamente para solventar el gasto en la subvención de combustibles de Rafael Correa, 80%? Por eso los $75 mil millones (45% del PIB) de deuda heredada.

Lo que la dolarización o la imposibilidad de devaluar en Ecuador ha logrado, ha sido impedir la mayor transferencia forzosa de riqueza y la inflación consecuente más severa que jamás hubiera visto su población, a la vez que ha obligado al Estado ecuatoriano a asumir la austeridad. Si hubieran tenido en cuenta que en cuanto Ecuador comenzó su desaceleración tenían un problema de exceso de gastos y no de falta de ingresos, probablemente podrían haberse dado el lujo de ajustar los combustibles con suficiente anticipación y de manera gradual para evitar la inestabilidad (o desestabilización) de las anteriores dos semanas.

Por eso hoy no discutimos la devaluación. En cambio, lo que vamos a hacer ahora con la experiencia ecuatoriana, si es que no la argentina o la propia de 2010, es plantear cuánto dinero equivalente al PIB se necesita para no tener que devaluar hoy en Bolivia, jugando con algunos datos.

Para solventar el déficit fiscal solamente a través de un “gasolinazo”, Mauricio Medinaceli ha calculado que el incremento de los precios de los combustibles tendría que ser Bs. 3.74 a Bs. 11.96, mientras que Rómulo Chumacero, antes de que la importación de combustibles se disparara un 72% por menor venta de gas, calculó que el precio del petróleo tendría que ser de $124.2. Sin embargo, la subvención a los combustibles, de aproximadamente $625 millones, no son lo único que explica el déficit fiscal, que sólo en 2019 suma aproximadamente $3.000 millones, pero el déficit acumulado durante seis años continuos asciende a alrededor del 8% y suma aproximadamente ¡$20.000 millones! ¿De dónde saldrá la plata?

Aparentemente Bolivia puede seguir incrementando la deuda pública (nadie habla de la privada, que es mucho peor, y lo haremos luego). Sin embargo, la deuda pública externa es de $10.670 millones y la deuda pública interna es de $5.350 millones, pero la deuda de las empresas públicas (todas deficitarias) con el BCB, según cálculos de José Luis Parada, es de $7.000 millones. Todo esto suma $23.000 millones, es decir, ¡un 52% del PIB!

Peor aún, en 2020, por contrato de exportación, Bolivia debe entregar el equivalente a un año o año y medio de gas que Brasil ya ha pagado por adelantado, pero que nuestro país aparentemente ya ha gastado y no ha entregado aún al productor que se haya hecho cargo. ¿En qué medida esto incrementa el déficit, la deuda, los impuestos o el precio de los combustibles? ¿En qué medida esto precipita una eventual devaluación y consecuente inflación? ¿Responderán alguna vez los economistas keynesianos tanto oficialistas como opositores que se niegan a ensayar siquiera cuánto, cómo y dónde habría que recortar el gasto y reducir el tamaño del aparato público burocrático?