El presidente socialista boliviano Luis Arce Catacora acaba de sufrir su tercera derrota política esta semana. Primero perdió en las elecciones de gobernaciones y alcaldías de marzo, cuando su partido recibió apenas la mitad de los votos que lo hicieron presidente en octubre de 2020; luego fracasó en su pretensión de destituir ilegalmente a los alcaldes opositores de La Paz y Cochabamba, y al gobernador de Santa Cruz; y ahora los cocaleros del Chapare -que recibieron todo el apoyo y reconocimiento del régimen de Arce en un conflicto violento de 14 días- no pudieron dominar el mercado de coca legal de Los Yungas en el departamento de La Paz.
Esto ha forzado al régimen de Arce a dejar en suspenso un proyecto de ley tan polémico como perverso –la llamada Ley contra Ganancias Ilícitas-, que ha movilizado a toda la oposición e incluso la ha unido para determinar una huelga general que va a paralizar una región importante del país este próximo lunes 11 de octubre, con el objetivo no ya sólo de detenerla, sino además de exigir el respeto de los derechos de toda una serie de detenidos políticos, empezando por el caso emblemático de la expresidenta Jeanine Áñez, que ya guarda casi 7 meses de prisión preventiva.
Además, la marcha de indígenas del oriente que exige al régimen de Arce el respeto por sus propiedades, que los cocaleros de Morales en el Chapare quieren arrebatar, se ha fortalecido al punto en que Arce ha enviado emisarios para atenderlos por primera vez luego de haberlos ignorado por 40 días.
Aun así, si este proyecto no tiene éxito, buscarán tenerlo en otro lugar, dado que no es un proyecto único ni aislado, propio de Bolivia, sino que es regional.
Pedro Castillo afirmó durante su campaña que uno de sus objetivos era replicar en Perú el modelo económico que el régimen de Evo Morales -con Arce Catacora como ministro- había implementado desde el primer día de mayo de 2006 en Bolivia, justo cuando Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reconoce el riesgo de no poder cubrir la demanda interna de gas natural, que a medida que se ve forzado a importar cada vez más diésel y gasolina, registrará déficit energético tan pronto como en un par de años. Y no mucho después se verá forzado a importar gas natural.
Pero eso no es todo. Ni siquiera es lo más importante a destacar de lo que está sucediendo en el vecindario.
Joseph Humire, experto en seguridad global y especializado en amenazas transnacionales en el hemisferio occidental, afirmó en un foro reciente que la región es el epicentro de una guerra comercial silenciosa pero agresiva que, lejos de beneficiar a los países latinoamericanos, los hunde cada vez más en la miseria. En este contexto sostiene que para entender lo que está pasando en Perú, es necesario entender primero lo que está sucediendo en Bolivia.
Humire explica el actual escenario al que la región se enfrenta, de la siguiente manera:
La influencia que Oriente Medio tiene en Bolivia es enorme, sobre todo a través de Irán. El juicio terrorista de Hezbolá más importante probablemente en el mundo, está sucediendo ahora mismo en Perú.
En 2014, un operativo de esta organización fue arrestado por las autoridades peruanas luego de haberlo vigilado durante un año. En 2016 enfrentó un juicio en cortes federales peruanas, donde se lo acusó de dos cargos: por tener un pasaporte falso de Sierra Leona (cuando en realidad es del Líbano), y por querer cometer actos de terrorismo (reconoció ser miembro de Hezbolá, y fue encontrado con todo tipo de compuestos químicos como nitroglicerina en su departamento e incluso en su mano izquierda).
En 2018 las cortes peruanas lo encontraron culpable por el primer cargo, pero fue absuelto por el segundo, debido a que Perú no identifica a Hezbolá como una organización terrorista. Si él hubiese reconocido ser miembro de Sendero Luminoso, habría recibido una condena de 25 años de prisión. En ese sentido, no hay duda que Perú tiene un sistema legal muy sólido en lo que a terrorismo doméstico se refiere, pero es muy débil en cuanto a terrorismo internacional.
Los fiscales que llevan el caso adelante apelaron esa decisión y ahora mismo se lleva adelante un segundo juicio con el Tribunal Supremo, teniendo en cuenta nuevos antecedentes sobre terrorismo.
La presencia cada vez mayor de Evo Morales en Perú y la fuerte influencia que ejerce en el gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre, es cada vez mayor.
Es por esto que ahora en Perú se leen notas como las de Perú 21 que titulan Evo envía emisario al congreso cocalero, y donde se afirma: “El especialista en narcotráfico y terrorismo, Pedro Yaranga, sostuvo que el fin del congreso cocalero es repotenciar a sus bases para acceder a los cargos en las instituciones que controlan la producción de la hoja de coca, a la vez que afirma que Morales quiere tener influencia con la coca a pesar de su fracaso”.
En otra nota del diario sobre el mismo congreso, se advierte: “Dionisio Nuñez, exviceministro de Coca de la gestión de Morales, estuvo presente en el congreso para, según declaró, ‘compartir la experiencia boliviana para legalizar la hoja de coca en una Constitución’”.
Y además agrega: “La iniciativa de Guillermo Bermejo (congresista de Perú Libre) sigue los pasos del modelo boliviano y contempla expulsar a la DEA y USAID del país con la excusa de tener soberanía y la fracasada política de industrialización de la hoja de coca”.
Yaranga también afirmó en otro medio que si el gobierno de Castillo imita la receta de Evo Morales en materia de lucha contra el narcotráfico, “el Perú se terminará de convertir en un narcoestado”.
Para José Luis Gil, experto en terrorismo y ex integrante Grupo Especial de Inteligencia del Perú (GEIN), “La presencia de Morales en el país busca darle respaldo a Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, y luego cumplir con la estrategia de Sendero Luminoso, como sus documentos secretos precisan, que es el abrir todos los espacios y convocar a todos los sectores extremistas, sean nacionales o extranjeros”.
Para abundar, el periodista Carlos Espá ha afirmado de manera más reciente: “El máximo dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) prefiere adentrarse en territorio peruano utilizando la porosa frontera Puno-Desaguadero, desde donde suele desplazarse a Juliaca y luego enrumbar a Arequipa o Lima. Recorre la misma ruta del incesante contrabando boliviano denominado ‘la culebra’”.
Y luego remata: “A través de Vladimir Cerrón e interpuestas personas (léase Pedro Castillo Terrones), Evo Morales ambiciona convertir al Perú en una extensión de su feudo altiplánico”.
Pero el fracaso tanto de Morales como de Arce, y tanto en lo político como en lo económico, apenas empieza a ilustrarse. Moody’s acaba de cambiar la perspectiva de riesgo de Bolivia de estable a negativa debido a un escenario macroeconómico cada vez más difícil de controlar, y que se traduce en un desafío probablemente inasumible para 2022.
Todo esto debe ser elemento que la oposición peruana sume y encuentre los mecanismos que estén a su alcance para limitar el margen de maniobra que Pedro Castillo (y Vladimir Cerón) pueda alcanzar antes de terminar de precipitar el país hacia una nueva Cuba o Venezuela.
Pero más aún, el éxito que vaya a tener Morales en Perú -que, de hecho, ya parece estar fracasando con la renuncia de Guido Bellido- dependerá no sólo de un adecuado diagnóstico sobre lo que sucede en la región y los auténticos objetivos de la extrema izquierda tienen en ella, que incluso superan lo que se haga o deje de hacer con el gas y la minería peruana sobre los que pretende dar lecciones, sino, y sobre todo, de la fortaleza de sus instituciones, fundamentalmente en relación al tratamiento que le vayan a dar al terrorismo internacional que la acecha de manera implacable.