El jueves 9 de diciembre ha marcado el día en que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ha empezado a discutir el Presupuesto General del Estado (PGE) que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) ha presentado para la gestión 2022. Al mismo tiempo, este documento es -así como afirmamos en otras oportunidades- la ilustración de la auténtica ruina en la que se encuentra la economía de Bolivia, y la manera en que empiezan a plantearse los mayores desafíos que la economía nacional haya visto probablemente en décadas, sin temor a exageraciones.
Un desmedido sobreoptimismo
Entre las principales proyecciones macroeconómicas del PGE 2022, se pueden destacar las siguientes:
Principales proyecciones PGE 2022
| Variable/proyección | PGE 2020 | PGE 2021 | PGE 2022 |
| Crecimiento PIB | -8,8% | 4,4% | 5,1% |
| Gasto público | $1.784 MM | $4.000 MM | $5.000 MM |
| Déficit Fiscal | -12% | -9,7% | -8% |
| Inflación | 0,7% | 2,6% | 3,4% |
| Recaudación | $4.900 MM | $5.300 MM | $6.000 MM |
| Precio WTI | $39 | $42 | $50 |
| Emisión bonos soberanos | $3.000 MM | $2.000 MM |
Lo primero por destacar al respecto es que las cifras son sobreoptimistas pues, para empezar, aunque la economía realmente crezca al 5,1% el próximo año, con las actuales condiciones el crecimiento alcanzará sus niveles previos a la pandemia y las restricciones recién en 2023, como destaca Medinaceli.
Asimismo, se proyecta en Bolivia un incremento de la inversión pública (gasto) del 25%, es decir, de $4.000 millones a $5.000 millones (a niveles de 2016). Al respecto, lo primero que llama la atención es que se está incrementando el gasto cuando la ejecución de 2021 no supera el 25% en el primer semestre, de acuerdo a Fundación Milenio.
De igual forma es importante destacar el hecho de que, si bien baja respecto de 2021 o 2020, el déficit fiscal de $3.458 millones (8% del PIB) sigue siendo escandalosamente elevado, y está siendo arrastrado ya por octavo año consecutivo.
En este sentido, sería de suponer que el PGE 2022, que ha sido elaborado sobre una proyección del precio de barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) de $50, frente al de $42 de 2021, se traduce en un incremento de ingresos importante para financiar tanto el déficit como el gasto. Sin embargo, y como apuntamos antes en otras columnas, la ruina del principal sector económico del país es tan grande que un incremento de los precios de las materias primas se traduce más bien en problemas cada vez mayores, conforme pasa el tiempo.
La subvención a hidrocarburos (gasto) representa una fracción muy importante del presupuesto, a la vez que la capacidad de producción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que va en franca decadencia (ver siguiente ilustración), lleva a los expertos en la materia a afirmar que al ritmo de la importación actual de combustibles (a la que la estatal destinará el 66% de su presupuesto) el país va a registrar déficit energético en 4 ó 5 años, y en no más de 10 se verá forzado incluso a importar gas natural para satisfacer una demanda interna que, al mismo tiempo, es creciente.
Con todo esto, el hecho de que la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) haya proyectado un precio de $62 para el barril de petróleo WTI, no se traduce necesariamente en buenas noticias para el MEFP.
De igual manera, los mayores ingresos para el Estado que la industria hidrocarburífera ha generado en su historia, están siendo reemplazados con un incremento todavía mayor de la deuda pública, tanto interna como externa, así como de mayores recaudaciones impositivas e incluso inflación.
Recaudación, deuda y devaluación
Sobre la deuda externa, se ha proyectado un incremento de $5.300 millones, de los cuales $2.000 provendrían de una nueva emisión de bonos soberanos. Valga destacar que ya en el PGE 2021 se había proyectado una emisión por $3.000 millones, de los cuales no se ha logrado colocar ni un solo céntimo.
Respecto de la deuda interna, Fundación Milenio destaca que los créditos del Banco Central de Bolivia (BCB) y las captaciones del Tesoro General del Estado (TGE) en el mercado interno de valores han sido muy importantes durante 2021, pues “han superado los $1.700 millones, la cifra más alta de la historia”, y que ha sido obtenida principalmente de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP).
Desde luego, además de que por medio de este mecanismo el ahorro privado está financiando el gasto público y dejando sin liquidez natural a la ciudadanía, fundamentalmente para financiar créditos para la recuperación, constituye una devaluación en el mercado secundario (expansión del agregado monetario M2, para los entendidos), que tarde o temprano va a traducirse en mayores incrementos de inflación y una llana y simple devaluación cambiaria, lo cual es ciertamente peligroso.
Respecto del incremento del 12,1% de las recaudaciones proyectadas, no será extraño que para alcanzar esta ambiciosa meta no solamente se pretenda confiar en el propio crecimiento del PIB, sino además incrementar viejos impuestos como el IVA o el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) y crear otros nuevos.
Es mucho más lo que se puede decir sobre el PGE 2022 en Bolivia, como el hecho de que las gobernaciones tendrán un presupuesto 28,7% menor que en 2021, pero no con el objetivo de recortar el gasto público estatal sobredimensionado en todos sus niveles administrativos -que hoy develan los nuevos casos de corrupción en la alcaldía cruceña, por cierto- sino para reorientarlos hacia las empresas estatales, que, siendo que al menos un 85% de ellas son deficitarias, en conjunto tendrán un presupuesto de $11.400 millones, es decir, 35% más grande que el de los $3.700 millones que tienen las gobernaciones.
Por supuesto, si las proyecciones del régimen de Arce para la economía nacional ilustrada en el PGE 2022 son sobreoptimistas -así como lo fueron para 2021- y no cumplió, pues será muy difícil -si acaso no imposible- que la recuperación alcance niveles anteriores a la pandemia en 2023.
Un aparato estatal más que sobredimensionado
Finalmente, para entender la magnitud del problema que el PGE 2022 representa para Bolivia, Antonio Saravia, economista boliviano de la Universidad de Mercer, ha destacado de manera muy acertada que el gasto público total (y no sólo de ‘inversión’ pública) “representa el 90% del PIB”.
Y además añade: “En Estados Unidos, el presupuesto del gobierno representa solo el 30 por ciento del PIB, en Chile el 32 por ciento, Paraguay el 37 por ciento del PIB. Incluso en los países nórdicos, que mantienen un gobierno relativamente grande, el presupuesto del gobierno no supera el 50% del PIB. El PGE 2022 es, por tanto, y por donde se lo quiera ver, un verdadero elefante”.
Esto podría traducirse en una oportunidad para quienes todavía pueden considerarse oposición, tanto en la ALP como en las distintas regiones y ciudadanía en general, si acaso no para evitar un eventual colapso de la economía de Bolivia asumiendo ya no solo ajustes, sino además reformas estructurales, al menos para advertirlo desde hoy y en su justa dimensión.
Caso contrario, sería un muy grave error si simplemente se busca discutir sobre una reorientación del gasto público de acuerdo a sus propios intereses, y más tarde, ni siquiera gozar de la poca credibilidad que todavía tiene.
Finalmente, si de advertir el problema que el PGE 2022 representa en su justa dimensión, algo de conceptos: El déficit es padre de la deuda. La deuda es madre de los impuestos y la inflación. Los impuestos y la inflación son padres de la perpetuación de la pobreza.
Y más todavía, para entender el camino por el que el régimen de Arce Catacora está llevando la economía, una célebre frase de Ludwig von Mises, uno de los mejores economistas y filósofos liberales del siglo XX: «Un gobierno no puede hacer a un hombre más rico, pero si lo puede hacer más pobre”.
Es por ahí que se puede empezar, si acaso no es demasiado tarde.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 10 de diciembre de 2021.
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