El ajusticiamiento de la expresidente Jeanine Áñez por parte del régimen de Arce Catacora no parece haber terminado, pero podría verse truncado mucho antes por la ilegalidad y los serios atropellos a la libertad y derechos fundamentales a los que ha estado sometida desde un principio.
La Iglesia Católica y la ONU finalmente se pronuncian
Tanto la Iglesia Católica como la Organización de Naciones Unidas (ONU) finalmente se han pronunciado cada una por su lado manifestando su preocupación ya no sólo por la sentencia de Jeanine Áñez, sino también por la desvergonzada confesión de Evo Morales de haber decidido que se la someta a un juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades, en una reunión con Arce Catacora y con legisladores y miembros del Movimiento al Socialismo (MAS).
Ricardo Centellas, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, consideró en una entrevista con la radio ERBOL, que se debe realizar una investigación seria sobre los hechos ocurridos de la crisis de 2019, porque hubo muchos responsables, y que, haciendo mención al informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), el fraude era evidente.
Igualmente, y aunque fue probablemente uno de los pronunciamientos que más se hizo esperar luego del informe que el relator sobre la independencia de los jueces, Diego García-Sayán, elaboró al respecto y entregó hace poco a invitación del propio Gobierno de Arce, fue el de la ONU.
García-Sayán escribió de manera contundente en sus redes sociales, que le preocupa lo revelado este domingo por el ex presidente Evo Morales sobre una reunión política entre líderes del Gobierno y del partido de Gobierno, en que habrían acordado que la señora Añez sea sometida a un juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades, pues, tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato.
Morales pierde con García-Sayán, Luis Almagro y su propio referéndum
Al respecto Evo Morales ha reaccionado casi de inmediato y ha arremetido con dureza contra García Sayán acusándolo de apoyar a los “golpistas”. Concretamente, Morales dijo en sus redes sociales: “Es una paradoja que el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU presione y trate de someter a la justicia para favorecer a responsables de un golpe de Estado”.
En un principio, al tratarse de un invitado del régimen de Arce Catacora para respaldar la democracia que el MAS supuestamente promueve en el país, el relator de la ONU fue resistido por el conjunto de la ciudadanía, además de que algunos de sus antecedentes políticos tampoco invitaban al optimismo. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el informe de García-Sayán terminó siendo favorable para la justicia y el Estado de Derecho en Bolivia, y su claro y pertinente pronunciamiento sobre la sentencia de la ex presidente Áñez permiten destacar su compromiso con la institucionalidad en el país.
Cabe recordar que lo que hoy sucede con Diego García-Sayán, ya sucedió en 2019 con Luis Almagro. Mientras la OEA no había sonado la alarma sobre las primeras irregularidades que había observado en las elecciones, ni Almagro ni la OEA gozaban de la confianza de la ciudadanía, pues Morales recibió al uruguayo nada menos que en el Chapare de los cocaleros, a quien se vio bailar y vestir guirnaldas de hojas de coca, y también logró que avalara su candidatura a pesar de que el referéndum de 2016 se lo había impedido antes, con el argumento de que si alguien se lo impedía constituiría un acto de discriminación.
Sucede pues que Evo Morales invitó a la OEA primero a ser veedora en las elecciones de 2019, y luego, cuando la ciudadanía en su conjunto se plantó ante el monumental fraude montado, la invitó muy confiado a elaborar un informe cuyas conclusiones ofreció tratar como vinculantes y respetar aunque no le fueran favorables, pero finalmente la rechazó virulentamente y fustigó a Luis Almagro al punto de acusarlo de estar “al servicio del imperio y de la derecha”, e incluso proponer recientemente que Bolivia deje ser miembro pleno de aquella institución.
Lectura de la sentencia de Áñez evita hablar de “golpe”
Pero luego de los mencionados pronunciamientos y de las acostumbrados lamentos y cambios de postura permanente de Morales, el ajusticiamiento -porque no es otra cosa- de Áñez ha proseguido.
Luego de que el viernes 10 de junio el tribunal sentenció a la ex presidente Jeanine Áñez a 10 años de prisión por el caso denominado “Golpe de Estado II”, este miércoles 15 se dió lectura de la sentencia durante más de cinco horas continuas.
Uno de los aspectos más relevantes de dicha lectura ha sido que el tribunal no habla en ningún momento de “golpe de Estado”, sino de “ruptura constitucional”, además de que sostiene que Adriana Salvatierra, presidente del Senado en esa oportunidad, y Susana Rivero, entonces primera vicepresidenta de Diputados, no habían dimitido durante la crisis de 2019, y que, por tanto, ambas legisladoras antecedían a Áñez en la sucesión constitucional.
No obstante, ambas hicieron públicas sus renuncias. Salvatierra renunció públicamente a la presidencia de la Cámara de Senadores, aunque no a su curul, mientras Rivero presentó su carta de renuncia irrevocable como diputada y la publicó en su cuenta de Twitter afirmando que no sería cómplice de un golpe de Estado, que sus principios y su corazón lo impedían, pero más tarde el tweet fue borrado.
Los pronunciamientos en favor de la institucionalidad democrática van sumando
En línea con lo afirmado García-Sayán, un grupo de constitucionalistas, a pesar de estar liderados por Juan del Granado, ex alcalde de La paz y ex aliado del MAS que arropó la nueva Constitución Plurinacional, ha alzado la voz afirmando contundentemente que tanto el juicio como el fallo contra la ex presidente Áñez son nulos de pleno derecho.
Entre otros aspectos, el juicio es nulo en aplicación del artículo 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), porque no se respetó el principio constitucional básico del juez natural. Los jueces habrían incurrido en prevaricato y los abogados de la parte acusadora, en incumplimiento de deberes.
En el plano internacional también suman los pronunciamientos. Ya emitieron opinión también varios legisladores estadounidenses y, aunque falta el de la Unión Europea, cuya participación fue también determinante en 2019, Hermann Tertsch, eurodiputado español por Vox, ha exigido alto y fuerte a la Comunidad Internacional que se manifieste y actúe con fuerza y contundencia sobre el ajusticiamiento de la ex mandataria Áñez.
En suma, para demostrar la efectividad que los pronunciamientos en favor no sólo de Áñez y todos los demás detenidos ilegalmente (entre los que se encuentran varios de sus colaboradores, ex jefes policiales y militares, además de decenas de civiles que sufren detención y persecución política del régimen), sino también en favor de las libertades individuales y la institucionalidad liberal democrática en Bolivia, el MAS se siente acosado afirmando con inconfundible maniqueísmo que todo lo anterior podría estar llevando “a nuevas confrontaciones entre bolivianos”.
Pero por sobre todas las cosas, Bolivia podría estar quedando cada vez más cerca del aislamiento diplomático al punto de ser eventualmente incluso sujeto de sanciones internacionales de distinto alcance y envergadura, lo cual, efectivamente, asfixiaría las pretensiones de Morales de volver al poder, y del MAS por preservarlo durante mucho más tiempo.
Columna orginalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 17 de junio de 2022.