Los conflictos en Bolivia no se detienen, y entre ellos el que mayor polémica está generando es el de la postergación del Censo de Población y Vivienda 2022, que ha provocado un paro cívico del departamento de Santa Cruz este pasado lunes 25 de julio, con el objetivo de que este proceso de levantamiento de datos sea realizado en 2023 y no en 2024.
La postura de Luis Arce y su gabinete sobre la exigencia de distintos opositores para que el censo sea realizado el siguiente año es que exista un diálogo sin imposiciones, y que las decisiones tengan fundamento técnico y no político.
Luego del masivo ejercicio de protesta, los presidentes de ocho de los nueve comités cívicos del país se reunieron en Cochabamba, así como los alcaldes de las principales ciudades del país se encontraron con Arce para, por un lado, conocer los argumentos técnicos de la postergación por un lado y, por el otro, analizar pasos a seguir para que el censo se realice en 2023.
Sin embargo, indudablemente la reunión más importante desde el paro ha sido la del Comité Interinstitucional de Santa Cruz este jueves, debido fundamentalmente a la falta de unidad que revela entre la alcaldía cruceña y la gobernación para encarar asuntos que atañen a todas las instituciones del departamento por igual.
Por ejemplo, al finalizar la reunión hubo fuertes riñas entre los seguidores de Johnny Fernández y Luis Fernando Camacho, alcalde y gobernador cruceño respectivamente, debido fundamentalmente a que el primero se resistió a firmar la resolución.
Sucede que, a pesar de que el paro en Santa Cruz fue contundente, de que la ciudadanía lo acató sin la necesidad de bloquear las calles y avenidas como en alguna otra ocasión, y de que el régimen de Arce Catacora se ha empeñado en afirmar que fue un fracaso, Fernández no termina de manifestar una firme y clara posición no sólo sobre el censo, sino sobre los principales problemas de la propia alcaldía.
Esta postura le ha costado ya a Fernández la renuncia de José Luis Santistevan, su secretario de Autonomías, quien ha justificado su decisión afirmando que “el censo no se puede postergar porque el país está con una agenda electoral, terriblemente apretada”, y que “si no hay reforma constitucional habrá una elección judicial en 2023 y un enfrentamiento en la Asamblea en 2024 por el nombramiento del nuevo fiscal general”.
Además, Santistevan ha agregado: “El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra viene sufriendo una pérdida anual de aproximadamente $50.000.000 debido al incremento de población y la falta de un censo. Por lo expuesto reiteramos nuestro rechazo a la postergación del Censo 2022 y solicitamos nos convoque a una reunión con carácter de urgencia para conocer los argumentos técnicos para postergar una política de Estado vital para nuestro país”.
Asimismo, Fernández abandonó la reunión del Comité Interinstitucional de este jueves cuestionando, entre otros aspectos, el hecho de que no estuvieran presentes instituciones como la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), la federación de transportistas, asociación de gremiales y artesanos, y además sugirió que para una próxima reunión se convoque a todos y no solamente a los políticos.
Para peor, el alcalde cruceño además agregó desafiante que, si acaso lo convocan a un nuevo paro, él no estará dispuesto a acatarlo.
Se ha establecido una nueva reunión del Comité Interinstitucional para este sábado 30 de julio por la tarde, para informar sobre la importancia del censo y analizar pasos a seguir. En el entretanto, la comisión técnica a la que los alcaldes han acordado conformar junto a Arce, tendría que empezar a elaborar una agenda para que el Instituto Nacional de Estadística (INE) comience a socializar aspectos técnicos del Censo en cada departamento para recibir sugerencias y eventualmente establecer una fecha definitiva para el censo.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 29 de julio de 2022.
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