Desde que durante el fin de semana se conoció la noticia de que Bolivia está obligada a indemnizar al BBVA con $105 millones por el “retraso injustificado” en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones, el escándalo parece ser por el fracaso de la Procuraduría al no haber logrado negociar una cifra menor, cuando, en realidad, lo relevante es que Bolivia no ha estado logrando nacionalizar las pensiones desde que se lo propuso en 2010, lo cual es buena noticia a pesar de perder dinero en el intento.
Lo primero a tener en cuenta es que el único objetivo que realmente tiene el régimen de Arce Catacora y el Movimiento al Socialismo (MAS) con la nacionalización de las pensiones que aún administran las AFP, es financiarse y seguir tratando de recuperar el modelo económico que impuso en 2006. Y lo segundo es que, aunque no lo haya logrado todavía, ya dispone de ellas de manera indirecta y silenciosa.
¿Cómo dispone el gobierno de los ahorros de los aportantes? Las AFP compran títulos emitidos por el Tesoro (deuda), y el Banco Central va emitiendo moneda nacional contra esos títulos a requerimiento del sistema, pero sobre todo del mismo gobierno.
Esta fue una práctica iniciada por el gobierno de la ex presidente Jeanine Áñez en el marco de la pandemia del Covid-19, cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) le impidió conseguir financiamiento externo desde el Legislativo cada vez que lo intentó.
El MAS criticó duramente a Áñez por esta política, pero una vez que recuperó el poder con Arce catacora, la siguió utilizando, porque descubrieron o se dieron cuenta por primera vez desde que se propusieron crear la Gestora Pública, de que esa podía ser una manera de nacionalizar las pensiones.
Como ilustración, en las últimas dos emisiones de bonos soberanos (sobre todo en la de febrero de este año), quienes más invirtieron fueron justamente las AFP, algunos bancos y aseguradoras, y no así los grandes capitales internacionales como dice la propaganda oficial. Es decir, en la práctica se emitió deuda interna en el exterior. Algo muy extraño y muy poco convencional, pero lo hicieron.
Esto podrá ser absolutamente legítimo, pero no por eso deja de ser cuestionable, porque las AFP podrían haber sido inducidas o simplemente obligadas a comprar deuda estatal emitida a iniciativa del MAS, o simplemente no han la alternativa u la oportunidad de invertir en otros instrumentos o activos financieros sobre todo del exterior, debido, entre otros aspectos, a la obsolesencia de la ley que creó el sistema, que data de mediados de los años 90.
Esto es así porque -aquí viene lo más importante- las pensiones que administran las AFP constituyen la última fuente de financiamiento importante que le queda al gobierno de Arce (no exporta ni atrae inversión, sino apenas remesas y más deuda) para mantener vivo el modelo que creó junto a Carlos Villegas, sin verse forzado a recurrir a organismos internacionales como el FMI, que, pese a que le tiene extraña estima, le exigiría archivarlo, al menos parcialmente.
Desde luego, el destino de los recursos que el gobierno se presta de las AFP a nombre del Estado es el gasto fundamentalmente en empresas estatales, de las cuales todas o una gran mayoría (85%), se encuentra en déficit o en quiebra, lo cual, a fin de cuentas, es lo que explica gran parte del abultado déficit fiscal del 8,5% que se proyecta para 2022.
En otras palabras, lo único que ha sucedido con esta noticia (y las que todavía vendrán) es que ahora Arce tendrá que decidir entre dejar en paz a las AFP para que trabajen (si es que todavía quieren quedarse en el país) generando rentabilidades para los aportantes, o de una vez termina poniendo la Gestora Pública a funcionar plenamente hasta mayo de 2023, como ha prometido, y retornando al antiguo sistema de reparto, pero no puede seguir postergando la decisión de manera indefinida como desde 2010.
Entonces, el asunto es tan grave que, dado que el gobierno busca nacionalizar las pensiones solamente como mecanismo de financiamiento para seguir con su gasto desbocado, y que las AFP son todavía la última fuente importante de dotación de liquidez del sistema financiero, éste se quedará sin recursos para operar eventualmente, precipitando la escasez del crédito y la consecuente alza de las tasas de interés, como mínimo, aunque, claro, el único que contará con el priviegio de seguir gastando a manos llenas serán el gobierno y sus amigos.
Finalmente, y para peor, existe una probabilidad creciente de que, llegado el momento, simplemente no se pague lo que se les debe a las AFP, es decir, que el país llegue al default y los aportantes no sólo no recuperen sus ahorros, sino que se pretenda socializar las pérdidas entre el conjunto de la población al más puro estilo argentino actual, o al boliviano de los años 80: mediante devaluaciones convencionales (y no como ahora, sólo en el mercado secundario), incrementando impuestos, estableciendo controles cambiarios, de depósitos, de capitales, etc.
Desde luego, nada de esto sucederá mañana mismo, pero el camino hacia este escenario se lo viene recorriendo desde hace al menos 12 años atrás. Tarde o temprano, sucederá.
No toquen las AFP
Nunca debieron abrir el candado de las AFP
Es bueno que Bolivia no haya podido nacionalizar las pensiones