La madre del cordero está en el sector bancario y financiero, el gran elefante en la sala del pocos o nadie se atreve a hablar aún con suficiente aplomo, probablemente por lo delicado del asunto.
Como es sabido, el régimen se ha visto forzado a buscar fuentes de financiamiento alternativas para seguir tratando de financiar el gasto público desmedido. Una de las principales fuentes de ingresos que el régimen ha encontrado ha sido el incremento desmedido de la deuda pública, fundamentalmente la externa, pero como ya observamos sobre todo en el primer trimestre de 2021 con el rechazo de los mercados de capitales internacionales a los bonos soberanos que el régimen pretendía emitir, la táctica ha fracasado escandalosamente, y la alternativa ha sido incrementar la deuda interna incluso con mayor velocidad que la externa.
Durante varios años, tanto el régimen de Morales como ahora el de Arce, llevaron a las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) a invertir en la deuda pública que emite el Tesoro por orden gubernamental, pero ahora la necesidad de conseguir financiamiento ya se ha convertido en un asunto de emergencia. Por eso Arce ha decidido terminar de llevar adelante la creación de la Gestora Pública hasta el mes de mayo para que se haga cargo de la administración de las pensiones.
Es decir, quedan algo más de cuatro meses para que Arce Catacora termine de estatizar -y confiscar indirectamente- las pensiones de los aportantes para, entre otros aspectos, financiar el gasto público permanente, que incluye el desesperado y alocado proyecto de realizar exploraciones, encontrar más gas e incrementar las reservas de gas en el país, con todo el riesgo que aquella operación naturalmente implica.
Actualmente, los fondos que administran las AFP suman alrededor de $23.000 millones, de los cuales un 60% está invertido en Depósitos a Plazo Fijo y en bonos de las entidades financieras, y alrededor de un 30% ($7.000 millones) está invertido en deuda emitida por el Estado. El restante 10% equivaldría a alrededor de $2.300 millones.
Por cierto, valga destacar que las AFP tampoco han tenido demasiadas alternativas con el destino de las inversiones, pues opera enmarcada en leyes obsoletas de mediados de los años 90, y tiene, además de otros detalles, impedido invertir en el exterior.
Este problema tiene varias aristas, desde luego. Sin embargo, si hubiera que mencionar una de las más importantes es que el conjunto del sistema bancario verá reducida su liquidez y, en consecuencia, el público tendrá menores posibilidades de conseguir financiamiento para, por ejemplo, su vivienda o su empresa, porque el régimen ya está acaparando los recursos.
Esto, a su vez, se traduce en el debilitamiento del sistema bancario y financiero. Ya ni siquiera se trata del crecimiento sostenido y el nivel real de la mora bancaria (sumando reprogramaciones y diferimientos), que ya es un problema suficientemente preocupante, sino de la estatización de la administración de los fondos de pensiones, que no se traduce en otra cosa más que en una transferencia forzosa de riqueza del sector privado hacia el público, en el financiamiento del gasto estatal con el ahorro de largo plazo de la ciudadanía, la postergación del ya arcaico y poco nutrido mercado de capitales y la pérdida total de perspectivas de largo aliento para el país.
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No toquen las AFP
Nunca debieron abrir el candado de las AFP
Es bueno que Bolivia no haya podido nacionalizar las pensiones
No es la indemnización del BBVA, sino la nacionalización de las pensiones