En la tarde del martes, Ecuador experimentó una serie de ataques terroristas simultáneos en Guayaquil, Quito y Cuenca, perpetrados por las bandas criminales del narcotráfico, entre las que se destacan los Latin Kings, Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Corvicheros, entre otros. Estos ataques, que incluyeron toma de rehenes, tiroteos y secuestros, revelan una creciente amenaza que enfrenta el país sudamericano.
Uno de los ataques ocurrió contra una emisora de televisión mientras transmitía en vivo, secuestrando a varios trabajadores, incluyendo periodistas. La Universidad de Guayaquil también fue escenario de tiroteos y secuestros, mientras que a escasos metros del Palacio de Carondelet en Quito se registraron incidentes similares. Incluso se reportaron criminales en las calles de Guayaquil amenazando con armamento militar, tomas de cárceles y asesinato de guardias, con videos difundidos en redes sociales que amenazaban al presidente Daniel Noboa con represalias si no se atendían sus demandas.
Estos eventos se desencadenaron un día después de la fuga de “Fito”, el líder del crimen organizado en Ecuador, lo que llevó al presidente Noboa a declarar Estado de Excepción en todo el territorio nacional. Pero, ¿cuál es la raíz de esta problemática?
Todo comienza con la decisión del expresidente Rafael Correa de otorgar personería jurídica al crimen organizado, específicamente a los Latin Kings, en 2009. Correa comparó a esta peligrosa banda con los Boy Scouts, legalizándolos y permitiéndoles constituirse como corporación con capacidad para solicitar créditos y establecer empresas. Redes sociales recuerdan con videos la legitimación de Correa hacia los Latin Kings, donde incluso afirmaba que en su reglamento se prohibía el robo y se oponían al aborto, sugiriendo principios de nobleza y honor.
Correa también persiguió a la Fiscal General del Estado, indultó a 3.000 narcotraficantes y promovió la no extradición de los más peligrosos. También en 2009, cerró la base militar estadounidense de Manta en Ecuador, una decisión que facilitó el camino al narcotráfico al eliminar un importante frente de lucha contra el crimen organizado.
En 2023, el expresidente Guillermo Lasso buscó contrarrestar estas problemáticas al promover una consulta ciudadana para extraditar a los narcotraficantes más peligrosos a los Estados Unidos. Sin embargo, Correa y sus aliados lideraron una campaña para que el resultado fuera negativo, permitiendo que los narcotraficantes más peligrosos en Ecuador continúen en libertad.
El modus operandi de estas organizaciones criminales sigue un patrón predecible: comienzan como delincuentes comunes que se involucran en el narcotráfico. Luego, son identificados, financiados y armados, adoptando una doctrina de victimización y causa socialista. Con el tiempo, se convierten en movimientos irregulares permanentes, tomando civiles inocentes como rehenes para chantajear y extorsionar. Posteriormente, aplican tácticas de guerras de baja intensidad y terrorismo, marcando una agenda política de largo plazo.
La historia nos enseña que estos grupos, una vez legitimados por políticos cómplices, se lavan la cara justificando sus crímenes con amnistías y ocupan roles formales en la política, fundando partidos y ocupando cargos como diputados, senadores e incluso presidentes. Así nacieron las FARC, el ELN, Pablo Escobar, las Maras, Sinaloa, Latin Kings, Evo Morales, Rafael Correa, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, y toda la caterva de mafiosos del Socialismo del Siglo XXI.
Es imperativo reconocer que parte del problema radica en que el Estado ostenta el monopolio del uso de la violencia, impidiendo a la ciudadanía no solo la legítima defensa mediante el uso de armas como extensión de los derechos individuales, sino también convirtiéndose en el pináculo mismo de la criminalidad. La situación en Ecuador sirve como un claro llamado de atención para toda América Latina, recordándonos la necesidad de abordar de manera urgente y eficiente la amenaza del narcotráfico y el crimen organizado en la región.
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