La tarea pendiente con Irán en Bolivia
Bolivia atraviesa una severa crisis multidimensional. Crisis fiscal, crisis energética, crisis institucional. Pero hay otra crisis que no aparece en los titulares económicos y que, sin embargo, puede ser la más determinante para el futuro del país y para la estabilidad del vecindario. Se trata de la presencia iraní en territorio boliviano, construida durante al menos 18 años bajo los gobiernos del Movimiento al Socialismo, que sobrevive intacta —o casi— al cambio de gobierno de noviembre de 2025.
Este artículo documenta esa presencia hito por hito para caer en cuenta sobre la dimensión del problema, y como mensaje de alerta.
La subestimada plataforma construida entre 2007 y 2012
Todo comienza en septiembre de 2007. Mahmoud Ahmadinejad aterriza en Bolivia en un avión venezolano —el detalle logístico ya lo dice todo— y se convierte en el primer presidente iraní en pisar suelo boliviano. Evo Morales lo llama “hermano querido”.
Los dos firman un plan de cooperación por $1.100 millones en hidrocarburos, minería, agricultura e infraestructura. Irán se integra a un comité de estudio del litio —uranio, claro— en el Salar de Uyuni.
El mundo lo registra como un gesto anti-imperialista más en la galería del extinto ALBA, pero así se registra el primer error de diagnóstico. Lo que comienza en 2007 no es simple retórica contra Estados Unidos, sino el montaje de toda una plataforma de avance iraní.
Entre 2009 y 2011, Irán instala —con financiamiento venezolano— tres plantas procesadoras de leche bajo la marca Lacteosbol, en Ivirgarzama (Chapare), Achacachi y Challapata. Tres millones de dólares. Dieciocho mil litros diarios de capacidad por planta. Todas ubicadas en bastiones electorales de Morales. La Media Luna Roja iraní inaugura además un hospital de siete pisos en El Alto y clínicas oftalmológicas. “Bolivia será el centro de la Media Luna Roja iraní en el continente”, declara el encargado de negocios de Teherán.
¿Dónde están hoy esas plantas? ¿Operan? ¿Quién las controla? Nadie lo sabe. Ningún gobierno boliviano —ni del propio MAS, ni el de Jeanine Áñez, ni el de Rodrigo Paz— ha publicado un inventario, una auditoría, ni siquiera un comunicado sobre el estado de esa infraestructura y sus actividades. La opacidad es la constante.
En 2011 ocurre el hito más revelador de todos, el que debería haber encendido todas las alarmas regionales y no lo hizo. El general Ahmad Vahidi, ministro de Defensa iraní, visita Santa Cruz para inaugurar una escuela militar “antiimperialista” donde instructores iraníes dictarían formación a las Fuerzas Armadas bolivianas —diseñada, en palabras del propio Morales, para “construir un pensamiento anticolonial y anticapitalista que vincule a las FFAA con los movimientos sociales y contrarrestar la influencia de la Escuela de las Américas”. Vahidi está buscado por Interpol por su presunta participación directa en el atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994, que mató a 85 personas —8 de ellas bolivianas. Bolivia lo recibe con honores de Estado. La DAIA argentina protesta. Morales ignora el reclamo. Vahidi asciende luego a jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Argentina lo designa como organización terrorista en 2024.
Dicho de otra manera, el gobierno de Morales recibió con honores militares al presunto responsable del asesinato de sus propios ciudadanos en la AMIA. Eso no es un simple error diplomático, sino una declaración.
En 2012, tercera y última visita de Ahmadinejad. Irán obsequia a Bolivia el equipamiento completo de Abya Yala TV, llave en mano: aproximadamente tres millones de dólares en tecnología de transmisión. El canal, vinculado a la Fundación Juan Evo Morales Ayma, opera desde entonces con una línea editorial antiimperialista alineada con Teherán, Moscú, Caracas y el evismo. El periodista Raúl Peñaranda lo documenta en su libro Control Remoto como uno de los medios comprados por el gobierno del MAS con dinero extranjero.
Por cierto, Abya Yala TV sigue al aire en 2026.
Los acuerdos militares en el período de Arce
Si la era Morales construyó la penetración civil —leche, salud, medios, mezquitas—, la era Arce (2020–2025) la militarizó.
En junio de 2022 ocurre un episodio que merece mucha más atención de la que recibió: el caso del avión de Emtrasur. La aeronave de la filial venezolana Conviasa, con tripulación mixta venezolana-iraní —varios de sus miembros vinculados al CGRI—, queda retenida en Buenos Aires. El gobierno boliviano de Luis Arce interviene: utiliza a BoA para trasladar parte de la tripulación a Santa Cruz. Un segundo avión venezolano-iraní opera en territorio boliviano durante el mismo incidente. Bolivia no fue un espectador. Fue un nodo activo de la red logística del eje.
El 20 de julio de 2023, el ministro de Defensa Edmundo Novillo vuela a Teherán y firma con el general Mohamad Reza Qarai Ashtiani un memorando de cooperación en seguridad y defensa. El gobierno boliviano lo presenta como cooperación técnica para el control de fronteras y la lucha contra el narcotráfico. El ministro iraní lo describe de otra manera, afirmando que incluye venta de material bélico, entrenamiento de personal, provisión de drones Shahed e intercambio de inteligencia. El Institute for the Study of War (ISW), con sede en Washington, confirma la cláusula de drones.
El acuerdo se firma sin debate parlamentario. Las cláusulas nunca son publicadas. La opacidad es absoluta.
Pero además nótese que quien firma por Irán es Ashtiani, sucesor directo de Vahidi —el buscado por la AMIA— en la cadena de mando del Ministerio de Defensa iraní. La continuidad institucional del vínculo Bolivia-Irán no es accidental. Es deliberada.
Las alarmas de Argentina y Chile que Bolivia prefirió ignorar
En abril de 2024, la entonces ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich eleva la frontera con Bolivia al máximo nivel de alerta. Sus declaraciones son precisas y graves: “Bolivia ha permitido la instalación de 700 miembros iraníes que consideramos son miembros de la Guardia Quds, el brazo armado del Estado Islámico iraní.” Investiga, además, la posible emisión de pasaportes bolivianos a ciudadanos que ni siquiera hablan español.
El gobierno de Arce convoca al embajador argentino, llama las declaraciones “equivocadas y desaprensivas” y niega todo. Migración boliviana niega los pasaportes. Evo Morales ataca a Milei. El número de 700 personas nunca es verificado ni refutado con evidencia pública.
En octubre de 2024, Bullrich va todavía más lejos al denunciar la presencia operativa de Hezbolá en Bolivia. Las autoridades chilenas expresan preocupación por elementos iraníes en la frontera. La embajada israelí en Buenos Aires alerta sobre el patrón de penetración iraní en la región usando Bolivia como plataforma.
El cuadro completo —Vahidi en Santa Cruz, Emtrasur, el acuerdo de defensa, la Media Luna Roja, Abya Yala, las mezquitas promovidas por el Estado, los 700 iraníes sin identificar— ya no permite hablar de simple cooperación mutua como anécdota. Es penetración sistemática, en capas, diseñada con paciencia estratégica. Es, en los términos del FRACTAL Index, un caso de influencia asimétrica típica sobre una sociedad frágil, un golpe posmoderno en proceso.
Bolivia es, junto con Venezuela, uno de los únicos dos países de América Latina donde Irán ha tenido cooperación militar directa. Eso no es un dato menor en el mapa de la seguridad hemisférica.
El gobierno de Paz se compromete, pero no actúa
El 8 de noviembre de 2025, Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia. Antes de la investidura, se reúne en Washington con el secretario de Estado Marco Rubio. “Bolivia se abre al mundo”, declara. El giro es real: restablece relaciones con Israel (rotas por Arce en 2023), anuncia el retorno de la DEA —expulsada por Morales en 2008—, y participa en la cumbre “Shield of the Americas” en Trump National Doral en marzo de 2026, integrándose al mecanismo regional de coordinación en defensa e inteligencia con doce países.
En enero de 2026, Reuters revela que Washington presiona formalmente a Bolivia para que expulse a los presuntos espías del CGRI presentes en el país y designe como organizaciones terroristas al CGRI, Hezbolá y Hamás. Es una demanda explícita, con fuentes identificadas dentro del gobierno de EEUU.
En abril de 2026, el ministro de Defensa Marcelo Salinas confirma que el convenio militar con Irán “fue denunciado hace aproximadamente cuatro meses”, o sea en diciembre de 2025. El acuerdo está formalmente extinto.
Hasta aquí, todo bien. Los pocos pasos iniciales de Paz en la materia son correctos, pero también insuficientes. Mucho. En todo caso, la pregunta que Bolivia —y el vecindario— necesita responder es qué hay detrás del papel.
Las seis tareas pendientes del gobierno de Rodrigo Paz
Seis meses después de asumir, el balance en materia de seguridad iraní es crítico.
1. Bolivia no ha designado a Hezbolá, Hamás ni al CGRI como organizaciones terroristas, a pesar de la presión explícita de Washington. Esta es la omisión más grave y la más difícil de justificar dentro de la lógica del giro estratégico que el propio Paz proclama.
2. No hay constancia pública de que ningún ciudadano iraní vinculado al CGRI haya sido identificado, investigado ni expulsado. La demanda de enero de 2026 sigue sin respuesta operativa verificable.
3. Las cláusulas completas del acuerdo militar de 2023 siguen sin publicarse. El gobierno de Paz no abrió ninguna investigación sobre qué se ejecutó durante los meses de vigencia del convenio —julio 2023 a diciembre 2025. La opacidad del MAS se preserva intacta.
4. Abya Yala TV sigue al aire. Su estructura de financiamiento iraní, su vínculo con la Fundación Morales, y su línea editorial pro-Teherán no han sido objeto de ninguna revisión pública bajo el gobierno de Paz.
5. Los proyectos de cooperación civil iraní —hospitales, clínicas, plantas lecheras— no han sido auditados. Su estado operativo, su personal, y el destino del equipamiento iraní en esas instalaciones son desconocidos.
6. El caso de los 700 iraníes con posibles pasaportes bolivianos, denunciado por Argentina en 2024, nunca fue investigado con transparencia por ningún gobierno boliviano.
El Chapare, el nodo que el gobierno central no controla
En mayo de 2026, el embajador iraní Bahram Shahabeddin y el ruso Dmitry Vérchenko viajan a Cochabamba para la posesión del gobernador Leonardo Loza, dirigente cocalero y uno de los principales aliados del evismo. Evo Morales anuncia la presencia del embajador iraní en su programa de radio con satisfacción explícita.
En su primer discurso como gobernador, Loza declara: “Cómo no trabajar con Irán, con Rusia, con China.”
El embajador Shahabeddin va más lejos expresando su deseo de que “Cochabamba sea la capital de Bolivia” —una declaración que genera un incidente diplomático, la convocatoria de ambos embajadores por la Cancillería y la posterior retractación de Shahabeddin.
Nuevamente, el episodio no es simplemente anecdótico. El Chapare es exactamente la zona donde se instalaron las plantas lecheras iraníes en 2009 y 2010. Es el bastión histórico de Morales. Es la región donde, según las denuncias argentinas, operarían elementos del CGRI. Y ahora tiene un gobernador que abre su mandato con un discurso de alineamiento con Teherán y Moscú.
El giro diplomático de Paz opera en La Paz. La red iraní opera en el Chapare. Son dos realidades paralelas que el gobierno central todavía no ha conciliado.
Por qué esto importa ahora, y por qué le concierne al vecindario
Bolivia atraviesa la peor crisis de su historia reciente. Las reservas internacionales están en mínimos históricos. El tipo de cambio está bajo presión. El déficit fiscal supera el 10% del PIB según estimaciones independientes. El Estado no puede pagar deuda sin apelar a mercados a tasas de 9.75%. La crisis energética convirtió al país en importador neto de hidrocarburos.
En ese contexto de fragilidad extrema —exactamente el tipo de entorno que el FRACTAL Index identifica como de máxima vulnerabilidad a influencia asimétrica—, la presencia de una red iraní con anclaje en medios, infraestructura civil, el movimiento cocalero y posiblemente en estructuras militares heredadas del MAS no es un problema de política exterior, sino de seguridad nacional y regional.
Para el vecindario —Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay— Bolivia en este estado es un vector de riesgo. Una plataforma iraní en el corazón geográfico de Sudamérica, con fronteras compartidas con cinco países y sin capacidad demostrada para desmantelar la red que albergó durante dos décadas, es exactamente lo que los servicios de inteligencia de la región y de Washington deben seguir con atención sostenida.
Estados Unidos sabe todo esto. La presión de enero de 2026 reportada por Reuters no es una sorpresa estratégica, sino la confirmación de que Washington tiene el mapa completo. Lo que EEUU necesita en Bolivia no es solo un presidente con buenas intenciones —eso ya lo tiene con Paz— sino un socio con capacidad operativa real, con inteligencia funcional, fuerzas armadas depuradas de cuadros del MAS con vínculos iraníes, y voluntad política para cumplir compromisos incómodos como la designación de Hezbolá como organización terrorista.
Esa capacidad operativa todavía no ha sido demostrada. Y el tiempo no es neutral, pues cada mes que pasa sin identificar a los agentes del CGRI presentes en Bolivia, sin auditar Abya Yala, sin publicar las cláusulas del acuerdo de 2023, es un mes en que la red consolida posiciones bajo un gobierno que, paradójicamente, ya no la protege pero tampoco la desmantela.
El rastro iraní no va a desaparecer solo
La cancelación del acuerdo militar es un acto administrativo. El desmantelamiento de una red de influencia construida en 18 años es una operación de inteligencia, de voluntad política sostenida y de control institucional que todavía no parece haber comenzado en serio.
Bolivia tiene hoy un gobierno que, con el apoyo correcto, le falta actuar. Lo que falta es la ejecución. Y la ejecución en materia de contrainteligencia no se improvisa, no se delega en la buena voluntad de los embajadores convocados a Cancillería, y no se resuelve con fotografías incómodas en el Doral.
El rastro iraní en Bolivia —las plantas, los hospitales, el canal, las mezquitas, los 700 iraníes sin nombre, las cláusulas secretas del acuerdo de defensa, el Chapare con su gobernador cocalero evista recibiendo al embajador de Teherán— es un expediente abierto. Seguirlo con rigor, documentarlo y exigir respuestas es una tarea que le corresponde no solo a Bolivia, sino a toda la región que comparte con ella frontera, riesgo y el interés en una América Latina libre de la influencia de regímenes que exportan terrorismo como instrumento de política exterior.
Esta columna es parte de ese propósito.
Mauricio Ríos García es economista boliviano, autor Auge y Decadencia de Bolivia (2003 – 2023) Incautos (2017), La década perdida de Occidente (2015) y editor en jefe de Macro Alertness (riosmauricio.com). Es el creador del FRACTAL Index (Fragility & Risk Assessment of Asymmetric Conflict Threats Across the Americas and Liberal Societies), un marco analítico de evaluación de amenazas asimétricas y fragilidad institucional en sociedades liberales del hemisferio occidental.
