Intensificando la política de inflacionismo

En concordancia con la política de largo plazo del Gobierno por seguir incrementando su control sobre el valor del dinero, se acaba de anunciar la creación del Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera (IVME). Sería de carácter transitorio (36 meses), lo pagarían las entidades del sistema financiero, y consistiría en el pago de un 0.70% de cada operación gravada. Esta política, aplicada en el contexto de la bolivianización, con la excusa de protegerse de la crisis económica internacional, y con el falso argumento teórico keynesiano de que para salir de una crisis es necesario incrementar el gasto, es bastante más perversa de lo que se podría advertir sin una explicación previa.

En una primera impresión, así como en 2004 parecía razonable pagar el 3 por mil por el ITF (impuesto que también debía ser transitorio) para financiar el déficit del Gobierno de aquel entonces, hoy también parecería razonable pagar siete dólares por utilizar cada mil con el IVME, pero ¿por qué el Gobierno actual busca mayor recaudación si ya cuenta con más dinero del que gasta?

Copiando el fracaso de la política económica argentina, el Gobierno está buscando la manera de adelantarse a los hechos de un segundo shock externo por el agravamiento de la crisis económica internacional, de la manera más tradicional pero perversa posible. El Premio Nobel de Economía 2001, Joseph E. Stiglitz, acaba de visitar Argentina por invitación del Gobierno K, y ha lanzado una serie de frases como “resolver problemas de deuda con políticas de austeridad es absurdo“, refiriéndose a que la falsa austeridad europea sería la causa del agravamiento de la crisis de la zona del euro, y que para el problema europeo de deuda sería necesario recurrir al incremento del gasto.

Las recomendaciones del intervencionismo más consabido del Nobel son también muy conocidas en el ámbito filomasista. La última vez que Stiglitz estuvo en Bolivia en 2006, elogió el programa económico del Movimiento al Socialismo, habló de los desafíos de un “nuevo orden internacional”, y al poco tiempo justificó la fracasada nacionalización de los hidrocarburos diciendo que “aquella decisión del Gobierno boliviano no sólo fue la correcta, sino la única que podía adoptar”.

Todo esto significa que, con el respaldo de la pésima teoría del intervencionismo que incluso agravó la Gran Depresión, el Gobierno busca seguir gastando a manos llenas. Sin embargo, -y aquí viene el argumento clave- si el Gobierno fuese a incrementar sus recaudaciones de manera significativa, no será a través de la sola creación de cada vez mayores impuestos en el sistema financiero, sino mediante la cada vez mayor facilidad de cobrar el impuesto-inflación a los ahorristas, y el abaratamiento del pago de la deuda interna.

Para continuar con la política de bolivianización que el ITF ya facilitó en 2004, que se inició en 2009 al limitar el precio de compra y venta de dólares, y que continuó en 2012 al financiar el Finpro con las Reservas Internacionales del Banco Central que respaldan la emisión del boliviano, el Gobierno está intensificando el corralito cambiario con el IVME. Esta estrategia de nacionalismo monetario consiste en financiar el gasto del Gobierno, toda vez que el respaldo por la emisión de la moneda nacional sea al menos cuestionable. En otras palabras, esta política de inflacionismo consiste en envilecer la moneda nacional, para que el deudor entregue una moneda de menor calidad a la que se había comprometido.

Entonces, una pregunta más interesante sería: ¿por qué sólo el Gobierno puede aprovechar de la elevada cotización de materias primas en dólares, y a sus ciudadanos los obliga a utilizar una moneda de menor calidad como el boliviano? El argumento del Banco Central estriba en que de otra manera, el Gobierno no tendría la capacidad de planificar y diseñar políticas económicas, pero por cómo nos ha estado yendo y por anteriores experiencias de desdolarización, lo importante es ponderar quién planifica para quién, ¿planificar para uno mismo, o dejárselo al Gobierno?

En definitiva, las ansias que el Gobierno tiene por gastar más de lo que los ahorradores externos y sobre todo internos están dispuestos a prestar, afectará a todo ciudadano al no poder elegir la moneda que crea más conveniente utilizar en cada una de sus transacciones.

El IVME tiene tanto de transitorio como lo tuvo el ITF; lo pagarán tanto las entidades financieras como el resto de consumidores; y no sólo no protege en absoluto la economía nacional de la crisis económica internacional, sino que agravará sus efectos cuanto más se dilapide el ahorro interno. ¿Y en cuanto al destino del dólar? Pues “será más valioso dónde y cuándo sea escaso, que dónde y cuándo sea abundante”.

Artículo publicado en Los Tiempos y Hoy Bolivia.