Puerto Rico, una de las mejores jurisdicciones para proteger activos

No es de extrañar que con cada crisis el gasto, el déficit y la deuda pública se disparen a niveles récord, y que luego, en consecuencia, el Estado incremente sus atribuciones y competencias sobre la economía también a niveles récord incrementando impuestos sobre los más ricos y creando dependencia de los sectores sociales más pobres.

Y si acaso esto no funciona, siempre queda la impresora de billetes y la solución por medio del desastre: inflación, controles de precios y desabastecimiento generalizado.

Esto es lo que ahora estamos viviendo alrededor del globo, primero a causa de la manera en que se encaró la crisis de 2008, y ahora por la pandemia del Covid-19 y la forma en que se la encaró: el Foro Económico Mundial, el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris en EEUU, la OCDE, el G7 y ahora también el FMI, están intensificando su cruzada contra las grandes empresas tecnológicas -como las FANG- y los más ricos para cobrarles “muchos más” impuestos, imponiendo cada vez más regulaciones y tratando de imponer la armonización fiscal global.

Desde luego, esto se ha traducido también en una estigmatización e incluso un acoso político permanente desde los infiernos fiscales hacia las jurisdicciones offshore, sin precedentes.

A pesar de que el caso de los Panama Papers en 2016 y los medios de comunicación han hecho un gran trabajo al proyectar una sombra sobre las jurisdicciones offshore, lo cierto es que lo único malo de ellas viene al momento en que la gente trata de utilizar sus instrumentos legales específicos para tratar de evadir impuestos o lavar dinero. Para un inversor individual o una entidad comercial familiarizada con estas operaciones, esto es perfectamente legal y éticamente aceptable.

Aún así, se han vuelto cada vez más difíciles de encontrar opciones para recurrir al offshore banking y además beneficiarse de todas sus ventajas. A medida que las regulaciones aumentan, es cada vez más difícil encontrar jurisdicciones offshore de buena reputación o que simplemente no hayan cedido ante el acoso del cártel impositivo de la OCDE. Por ejemplo, la era de la confidencialidad de una cuenta bancaria en Suiza terminó en octubre de 2018 debido a las nuevas regulaciones internacionales del FATCA y el Common Reporting Standard (CRS).

Sin embargo, la buena noticia es que -al menos todavía- existen buenas alternativas: el Estado Libre Asociado de Puerto Rico es hoy una de las jurisdicciones offshore más sólidas, atractivas y, muy probablemente, ofrece una larga lista de beneficios para todo aquel que busca proteger sus activos a largo plazo.

Puerto Rico se ubica en el Mar Caribe y es un territorio autónomo o no incorporado de Estados Unidos. Además de ser conocido como destino turístico, también se ha ido haciendo popular con el pasar de los años para abrir cuentas bancarias -tanto personales como corporativas- de manera remota, debido a que ha trabajado diligentemente en sus regulaciones para seguir favoreciendo la inversión extranjera, y viene fortaleciendo sus servicios de banca online desde mucho antes de la pandemia del Covid-19.

Eso sí, antes de siquiera pensar en abrir una cuenta bancaria en Puerto Rico, busca asesoramiento de un despacho jurídico especializado y reconocido, ya sea porque no se haya utilizado nunca una cuenta bancaria offshore, o porque simplemente no se quiere -ni debe- dejar de lado el cumplimiento de la norma para evitar problemas posteriores.

Estos despachos especializados pueden ayudar a los inversores a invertir no sólo en Puerto Rico, sino también desde la isla. Si un inversor sofisticado necesita invertir en cualquier lugar del mundo, tanto un banco privado como un despacho de abogados independiente, puede ayudar a abrir cuentas de broker para invertir en bolsa, denominadas en distintas monedas, a que se extiendan distintas tarjetas de crédito, incluso puede ayudar a abrir cuentas de inversión en metales preciosos.

Luego de que el huracán María azotara Puerto Rico en septiembre de 2017, tanto la infraestructura de la isla como la industria del turismo quedaron muy dañados, provocando que alrededor de 130.000 personas -casi el 4% de su población- se fueran, agravando una situación de desempleo cercana al 18% que arrastraban desde 2010 y que no cayó por debajo de los dos dígitos hasta 2018.

Dado que el requerimiento de capital para reactivar la economía era tan grande, optaron por la promulgación de una serie de incentivos para la inversión privada, contrariamente a lo que los economistas suelen recomendar, que incrementar el gasto público, el déficit y los impuestos.

Gracias al Código de Incentivos de 2019, coloquialmente conocido como “la Ley 60”, es que Puerto Rico hoy se consolida como una jurisdicción altamente atractiva: con docenas de leyes específicas de incentivos previamente aprobadas y todas coherentes entre sí, que se aplican a los ingresos, dividendos y distribución de intereses, regalías y ganancias de capital.

Al mismo tiempo, los bancos en Puerto Rico no tienen un requerimiento de saldo mínimo a mantener en la cuenta, y tienen una exigencia mínima de apenas $500 para abrirla. Además, la isla cuenta con banca depositaria -es decir, con reservas del 100%- que se contratan para contar con la disponibilidad de todo lo depositado de manera permanente, lo cual demuestra, además, qué tan sólido y estable es el sistema bancario y financiero en Puerto Rico.

De la misma forma, no se pagan impuestos de ningún tipo sobre los ingresos obtenidos. Con la Ley 20 se establece un impuesto a los ingresos de empresas que exportan sus mercancías o servicios fuera de Puerto Rico de apenas el 4%. Y con la Ley 22, se libera del pago de impuestos en dividendos y en ganancias capitales a individuos -particularmente inversionistas-, que se mudan a Puerto Rico.

Finalmente, si acaso todo lo anterior no es suficiente, Puerto Rico ofrece un grado de confidencialidad que hoy en día es muy difícil de conseguir si no es probablemente en el propio Estados Unidos (salvo que exista una sospecha justificable de haber cometido determinado delito financiero): dado que EEUU no ha firmado el acuerdo de la OCDE mediante el cual la gran mayoría de países de Occidente realizan un intercambio de información financiera y fiscal, Puerto Rico tampoco lo ha hecho, por tanto, allí no se aplica el Common Reporting Standard.

Desde luego, hay mucho más por descubrir y discutir, más aún si el plan de protección de activos de largo plazo implica trasladar la residencia permanente a Puerto Rico, pero desde ya, con todo lo dicho hasta aquí, Puerto Rico es, definitivamente, es uno de los pocos lugares o una de las pocas jurisdicciones de calidad que quedan con suficientes incentivos para proteger sus activos, mantener confidencialidad y ahorrar en impuestos.