El sábado 23 de marzo Bolivia experimentó un nuevo censo de población y vivienda luego de 12 años desde el primero que el Movimiento al Socialismo (MAS) llevó adelante. Por supuesto, conociendo al régimen (que no es fundamentalmente distinto si gobierna Morales o lo hace Arce), el proceso no estuvo exento de gran controversia, pero por sobre todas las cosas, habrá terminado provocando más problemas que aquellos que se pretende solucionar llevándolo a cabo.
Extendida y justificada susceptibilidad ciudadana
El primer hecho de polémica fue que ya el censo de 2012 fue manipulado. Entre otros problemas, fue realizado con una cartografía incompleta, cometió una serie de omisiones importantes y encima pretendía mostrar una población que se acomode al relato de la plurinacionalidad, cuando en realidad el país es mayoritariamente mestizo, pero, por sobre todo, lo que se sabe sobre las demandas y necesidades del país en materia censal están enmarcadas en los resultados de los censos de 2001 y 2012. Es decir, el país elabora gran parte de sus políticas públicas con base a un diagnóstico de hace más de 20 años, o con grandes errores y manipulaciones políticas desde hace 12.
Además, el censo del sábado no fue llevado a cabo ni en la fecha ni de la manera que el Instituto Nacional de Estadística (INE) había prometido. Es cierto que, siendo que los censos tendrían que ser realizados idealmente cada diez años, tal vez hacerlo en el 2022, como estaba planificado en un inicio, podía ser difícil porque todavía había remanentes del Covid-19, tal es así que Bolivia levantó la emergencia sanitaria recién a mediados de 2023.
Sin embargo, el primer error del régimen de Arce fue, una vez más, politizar la necesidad de postergar la masiva encuesta endilgando culpas al Gobierno de Jeanine Áñez y la oposición, que, mal que bien, estaba liderada en aquel entonces por el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho (que más tarde fue secuestrado y confinado en una prisión de alta seguridad en el altiplano paceño).
Al mismo tiempo habrá que recordar que, debido a que el director del INE había mentido al asegurar que había un avance técnico concreto (como la cartografía) para llevar adelante el censo, la ciudadanía cruceña no estaba dispuesta a tolerar nuevas manipulaciones luego del monumental fraude del jefe cocalero en 2019, entonces Santa Cruz asumió una huelga general de 36 días -del 22 de octubre al 26 de noviembre de 2022- convocada por el Comité Cívico para que la postergación del censo tuviera una fecha definitiva y para que este fuese realizado lo antes posible, pues, si acaso no fuera suficiente el hecho de que el departamento necesita una reasignación tanto de recursos públicos como de escaños de representación parlamentaria en el Legislativo, por el enorme influjo migratorio que ha recibido en los últimos 10 años, se avecinaban las elecciones judiciales que también debían ser realizadas en 2023.
Acarreo de gente como en elecciones
El segundo hecho fue que, así como en cada uno de los procesos eleccionarios controlados por el MAS, hubo evidencia más que abundante sobre el acarreo de gente. Es decir, hubo cantidades masivas de gente que, a última hora, se trasladó fuera de Santa Cruz para que este departamento, que es tradicionalmente opositor al régimen del MAS, mostrara una cantidad población menor a la que realmente tiene, y que, por tanto, no pudiera justificar la necesidad de descentralizar el poder.
Susceptibilidad exacerbada por paranoia y desconocimiento
Es cierto que la desconfianza del público en el censo de este año fue exacerbada por la paranoia injustificada y el amplio desconocimiento de un par de periodistas opositores respecto de lo que es un proceso censal y cómo se lo lleva a cabo, por más que se expresen a gritos y con insultos tratando de demostrar lo contrario.
Sucede que, entre otros aspectos, cuestionaron el hecho de que las boletas donde se recaban los datos fueran llenadas con lápiz, sin caer en cuenta de que ya en 2001 el censo se hizo de la misma manera, y no se pudo decir de ninguna forma que aquel fue un fracaso.
Con seguridad que el censo de este año pudo se realizado recurriendo a otras metodologías modernas complementarias y mucho más precisas y fiables que las mismas que se utilizan desde hace ya casi 25 años, pero estos periodistas afirmaron que se estaba consumando un fraude, porque se filmó a muchos encuestadores que realizaban borrones y hacían correcciones, cuando lo cierto es que, así como el grueso del fraude de 2019 no provino de la manipulación de las boletas de cada mesa de votación, si el régimen quisiera manipular los datos del censo a su favor, no será porque se hubiera tomado la molestia de revisar el trabajo de cada uno de los 800 mil encuestadores a nivel nacional.
En vez de concentrarse en los motivos por los que la ciudadanía demostró desconfianza y susceptibilidad, estos periodistas expusieron a los encuestadores, jóvenes y mujeres entre ellos, y provocaron que la gente desquitara su frustración con ellos con maltrato desafiante o simplemente ignorando su llamado en la puerta.
Oposición ausente
No es menos cierto que un censo constituye la principal herramienta con la cual un Gobierno planifica la economía de forma centralizada para imponer su voluntad respecto de quién debe hacer qué, cómo, cuándo y dónde, para acumular poder. En este sentido, desde un punto de vista teórico ideal, lo preferible es el boicot simple y llano.
Sin embargo, dado que el Estado Plurinacional todavía está lejos de ser derrotado, es decir, de que sigue acumulando poder de todas maneras, y de que existen abundantes motivos por los que el censo debe ser repetido, esta es más bien una oportunidad para que la oposición política y la sociedad civil organizada alrededor de sus instituciones cívicas se reordenen y ofrezcan resistencia pacífica al régimen por medio de orientación conceptual, control y monitoreo de un nuevo proceso censal.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera (España), el 27 de marzo de 2024.
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