Los altos patrimonios en Argentina están en un momento muy complicado. Al escenario de riesgo de hiperinflación cada vez más alto para inicios de 2020, se le añade la posibilidad de que un eventual gobierno de los Fernández incremente el Impuesto a los Bienes Personales, con lo que quienes repatriaron capitales acogiéndose a la Ley del Blanqueo en 2017, no sólo que se arrepienten y quisieran re-fugar su capital por las fuertes pérdidas (hasta el 70% en dólares) de la negligencia del Gobierno de Macri, sino que temen por su propia seguridad ante la posibilidad de que exista un uso abusivo de la nueva información que tiene el fisco sobre los grandes patrimonios, que considere la expropiación y la cacería de brujas.
En abril de 2017, cerca de 245.000 personas naturales y 10.200 sociedades blanquearon ante el fisco argentino alrededor de $116.800 millones, un equivalente al 21% del PIB, lo que permitió casi duplicar la base imponible. De estos recursos, un 80% estaba en el extranjero y el resto en Argentina. Además, como resultado del Acuerdo Intergubernamental para el Intercambio de Información Automática con la OCDE, en 2018 el fisco argentino recibió información fiscal y financiera de 212.000 cuentas de argentinos en el exterior.
Cristina Kirchner está procesada en al menos 13 casos, entre las que se encuentran Traición a la Patria por el Caso Nisman, el Pacto con Irán y posible encubrimiento del atentado a la AMIA; por ser jefa de una asociación ilícita; enriquecimiento ilícito y sobornos; haber perjudicado al Estado en $77 mil millones por el cepo al dólar; y lavado de dinero. Para graficarlo, Leonardo Fariña, uno de los arrepentidos de todo el entramado, llegó a sostener:
Si tomás todos los negocios que tenían, en doce años, aunque sea un PBI de un año se robaron. 120.000 millones de dólares. Obra pública, energía, petróleo, telecomunicaciones, todo. Sí, seguro. Más de 10.000 millones por año.
Para quienes todavía piensan que los impuestos son para escuelitas, hospitales y carreteras, Roberto Cachanosky sostuvo que, por ejemplo, mientras el costo por senador en España es de €17.540 mensuales, el costo por senador en Argentina es de €222.222 mensuales. Peor aún, ahora que el FMI parece haber congelado las negociaciones para nuevos plazos y desembolsos porque no sabe con quién hablar, Argentina tiene cada vez menores posibilidades de refinanciar su deuda, entonces el temor de quienes tienen más, está ampliamente justificado. ¿Por qué el recorte del gasto está totalmente ausente de los debates argentinos? Porque nunca nada es suficiente para la voracidad fiscal estatal.
Ahora bien, ¿puede darse un escenario similar en Bolivia eventualmente? Hoy Bolivia mantiene un gasto público desbordado a la vez que sus ingresos se agotan, incrementa la deuda pública a un ritmo sin precedentes, las reservas caen a plomo, la banca pierde depósitos y aún acelera el crédito, el FMI ya ensaya un posible incremento de impuestos, y ni hablar de la corrupción, pero para colmo, tiene todo un regimiento de economistas y empresarios opositores pidiendo a gritos una devaluación cambiaria que solamente solventaría al régimen y desataría la inflación.
Finalmente, no quiero pensar que, así como con otros casos de emergencia inocultable, el país no solicitaría ayuda al FMI por mucho que la necesite: dado que el sistema bancario y financiero ya tiene sanciones internacionales encima, ¿alguien sabe si Bolivia es parte de los más de 100 países que han firmado ya un acuerdo intergubernamental, tanto con EEUU como con la OCDE, para el intercambio automático de información financiera y fiscal?
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